El juicio oral contra una mujer de 48 años, empleada municipal de Posadas, acusada por la muerte de su hija adolescente con discapacidad en el barrio Las Rosas en julio de 2013, quedó fijado para el período del 3 al 7 de agosto ante el Tribunal Penal 1 de la ciudad.
El debate estaba originalmente pautado para el 22 al 26 de junio, pero el defensor oficial 4, Miguel Ángel Varela, solicitó su postergación argumentando que no podría afrontar el proceso en «igualdad de condiciones» por encontrarse de turno durante ese mes. Varela había pedido que el juicio se trasladara a octubre, lo que hubiera colocado la causa al borde de la prescripción. Ante esa situación, secretarios y empleados del tribunal reorganizaron la agenda y encontraron la ventana de agosto.
El expediente —identificado como causa 49/2014— fue hallado en un armario del tribunal entre causas con plazos vencidos y sin detenidos, sin digitalización en el sistema SIGED y con soporte únicamente en papel. Tenía agendada una probable fecha de debate oral para 2017, pero nunca llegó a realizarse. Entre 2015 y 2025, la composición completa del Tribunal Penal 1 fue renovada, incluyendo su fiscalía, y hasta el momento no se pudo establecer responsables por la demora.
Según consta en el expediente, la víctima era una joven de 15 años que padecía discapacidad y retraso madurativo, y que convivía con su abuela y una tía a pocas cuadras de donde residía su madre. Diez días antes del fallecimiento, la abuela y la tía viajaron a Corrientes por razones de salud, momento en que la madre retomó el cuidado de la adolescente.
Cuando la policía ingresó al domicilio, encontró el cuerpo de la joven sobre un colchón en el piso de un espacio que, según la descripción del expediente, tenía las características de un depósito antes que de una habitación habilitada para una persona con discapacidad. La autopsia del Cuerpo Médico Forense determinó que presentaba desnutrición, deshidratación y escaras en el cuerpo.
Compañeros de trabajo, allegados y vecinos de la acusada declararon no tener conocimiento de la existencia de esa hija con discapacidad.
En 2014 la causa fue elevada a juicio oral bajo la calificación de «abandono de persona agravado por el vínculo y el resultante de muerte». La defensa apeló, pero la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia ratificó la acusación. En 2017 la entonces fiscal Liliana Picazo —posteriormente elegida miembro del Superior Tribunal de Justicia— realizó el ofrecimiento de prueba, pero el proceso no avanzó. Con el tiempo se jubilaron los jueces Martín Errecaborde, Eduardo D’Orsaneo y Ángel Dejesús Cardozo; asumieron Viviana Gladis Cukla en agosto de 2021 y Gustavo Arnaldo Bernie en diciembre de 2022. En noviembre de 2018 asumió como fiscal Martín Alejandro Rau, hoy juez del Tribunal Penal 2.
Los delitos imputados están previstos en los artículos 106 y 107 del Código Penal. El primero establece penas de cinco a quince años de prisión cuando el abandono de una persona incapaz de valerse resulte en su muerte. El artículo 107 dispone que esas penas se incrementen en un tercio cuando el delito sea cometido por padres contra sus hijos.
Con informacion de Primera Edicion.