Los dispositivos estatales de atención a víctimas de violencia familiar y de género en Posadas enfrentan una demanda creciente. La línea 137 registra actualmente alrededor de 60 casos más que en el mismo período del año pasado, según confirmó Sandra Galeano, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Los números son elocuentes: en marzo se registraron cerca de 120 llamados y en abril la cifra trepó a 180, un incremento de casi el 50% en apenas un mes. A diferencia de Oberá y Eldorado, donde la demanda se mantiene relativamente estable, en la capital provincial el aumento es sostenido.
«Vemos un leve aumento mes a mes de los casos, de las llamadas, de pedidos de intervención y de contención», señaló Galeano.
Pero el desafío no pasa solo por la cantidad. Los equipos técnicos describen situaciones cada vez más complejas, donde a la violencia física se suman factores como el consumo problemático de sustancias, dificultades económicas y problemas de salud mental.
«El área de adicciones y las conductas adictivas están marcando mucho nuestras intervenciones. La cuestión económica también es un detonante», afirmó la funcionaria.
Cada llamado activa un engranaje institucional que involucra a la Policía, el Poder Judicial y jueces especializados. Sin embargo, la subsecretaria explicó que hoy la mayoría de los casos requieren un abordaje integral: contención psicológica, medidas judiciales, asistencia habitacional, gestión de cuotas alimentarias y protección de niños y adolescentes.
«En una sola situación tenemos que trabajar la parte habitacional, los derechos de los niños y muchas veces incluso casos de hombres que quedan en situación de calle tras exclusiones del hogar», describió Galeano.
La funcionaria reconoció que los recursos disponibles «nunca alcanzan» frente a escenarios cada vez más profundos, y que el organismo debe articular de forma permanente con el Ministerio de Salud Pública, el IPS, el Ministerio de Prevención de Adicciones, Desarrollo Social, municipios y organizaciones comunitarias.
Desde el área también destacaron un cambio positivo: creció el involucramiento de vecinos, familiares y terceros que realizan denuncias o alertan sobre situaciones de vulnerabilidad.
«Estamos viendo un crecimiento muy importante en el involucramiento de la sociedad», remarcó Galeano, quien subrayó que ese compromiso es clave para prevenir hechos más graves. «Un llamado al 137, al 911 o una denuncia realizada a tiempo puede salvar vidas», sostuvo.
La funcionaria también hizo hincapié en que el rol de comisiones vecinales, iglesias y voluntarios resulta indispensable para asistir a las víctimas. «Esto no puede hacerlo solamente el Estado. Se necesita empatía y compromiso social», afirmó.
En los próximos días, los equipos técnicos continuarán con jornadas de capacitación y trabajo con familias en los municipios de San Pedro y San Vicente.
Con informacion de Primera Edicion.