La crisis del sector yerbatero tuvo esta semana su escenario en la Cámara de Diputados de la Nación. Productores, tareferos, cooperativistas y representantes de diversas entidades de Misiones expusieron ante la comisión de Economías y Desarrollo Regional las consecuencias que, según denunciaron, generaron el DNU 70/23 y la desregulación del mercado de la yerba mate.
Ángel Ozeñuk, referente yerbatero del norte provincial, graficó el deterioro con una comparación concreta: «En 2023 un productor necesitaba dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil. Hoy necesita 11,5 kilos. ¿Cómo quieren que sobreviva un productor en la chacra con un precio miserable?». También recordó que en abril de 2023 la hoja verde se pagaba alrededor de 400 pesos puesta en secadero, y subrayó que el proceso productivo desde la semilla hasta una planta en condiciones de cosecha demanda aproximadamente cinco años.
Ana Rosa Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, denunció que las paritarias del sector no se respetan. «La tonelada debería pagarse 79 mil pesos, pero están pagando 50 o 55 mil», sostuvo. Explicó además que los tareferos cobran por producción y no por salario fijo, lo que agrava su situación: «Un tarefero no cosecha una tonelada por día. Saca 400 o 500 kilos. Con suerte gana 25 mil pesos».
Cubilla también alertó sobre el impacto social en las familias rurales. «Nuestros chicos dejaron la secundaria para ir a tarefear», lamentó, y agregó: «Se destruye la familia. Tenemos una provincia deshabitada por culpa del bendito DNU».
La productora Luisa Fleitas cuestionó las diferencias en los valores que reciben los productores según el destino de su producción, y rechazó los argumentos del presidente del INYM, Rodrigo Correa, quien había vinculado las variaciones de precio a la calidad de la materia prima. «No es por calidad. Las cooperativas están pagando 380 pesos, pero al productor común le pagan 220 o 260 pesos y en 30, 60, 90 o hasta 120 días», afirmó. También desestimó los planteos sobre reconversión productiva: «Es fácil hablar de cambio desde un escritorio. Me gustaría que hagan camino de territorio».
El ingeniero agrónomo y exdirector del INYM Denis Bocher cuestionó el rumbo adoptado por el Gobierno nacional y advirtió sobre la falta de mecanismos de control. «Nos preguntamos si están tan mal informados o, más preocupante aún, si lo hacen a propósito», afirmó. Entre sus propuestas figuran la implementación de estampillas digitales, mayor control de la corresponsabilidad gremial, líneas de crédito especiales y la creación de una pizarra de precios que transparente los valores pagados en cada zona productiva.
Desde APAM, Hugo Sand reclamó la inconstitucionalidad del decreto y preguntó: «¿Dónde están los estudios que hicieron para arrojar a la miseria a todos los productores?».
El productor Luis Andruczyszyn sostuvo que «en dos semanas el precio cayó un 70%» tras la desregulación y definió la medida como una emboscada: «Este decreto 70/23 fue como una emboscada para nosotros». También denunció la extensión de los pagos diferidos y trazó una comparación con el consumidor final: «Cuando vamos a comprar un paquete de yerba pagamos al contado. ¿Cómo puede ser que a nosotros nos paguen en diferido?». Y agregó: «Hoy hay productores llenos de cheques sin fondo y no saben qué hacer».
Edgardo Hein, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FedeCoop), defendió la necesidad de herramientas de regulación. «Cuando defendemos al pequeño y mediano productor y a las cooperativas estamos defendiendo nuestro tejido social», señaló, y aclaró que regular no implica solo fijar precios sino también ordenar la oferta y la demanda para evitar la sobreoferta.
Susana Cuadra, productora de Colonia Itatí, puso en valor el rol de las mujeres en la actividad. «Al lado de cada productor hay una mujer que nadie contó y un hijo que tampoco contaron», manifestó, y cuestionó a quienes expusieron desde el sector industrial y oficial: «Yo escuchaba a los que hablaban y me preguntaba: ¿será que caminaron en el rosado? ¿Será que caminaron en la tierra colorada?».
Jorge Skripczuk, de la asociación civil Impulso Yerbatero, recordó los indicadores positivos que registraba el sector durante los años de pleno funcionamiento del INYM y resumió el reclamo del conjunto: «No pedimos mucho, pedimos un precio justo y digno».
La jornada dejó expuestas dos visiones contrapuestas sobre el presente y el futuro de la actividad, con el sector productivo y sindical alineado en el rechazo a la desregulación y con voces oficiales e industriales defendiendo el esquema vigente.
Con informacion de AgroMisiones.