La concejal Valeria Gómez de Oliveira presentó ante el Honorable Concejo Deliberante de Posadas un proyecto de ordenanza para prohibir en todo el ejido urbano las actividades de trapitos, cuidacoches, limpiavidrios y prácticas similares vinculadas al estacionamiento en la vía pública.
La iniciativa tomó estado parlamentario este jueves. Alcanza a cualquier tarea no autorizada relacionada con el cuidado, vigilancia, lavado, acomodamiento o reserva de espacios para vehículos, independientemente de si se cobra dinero a cambio. También comprende a los limpiavidrios que operan en semáforos y otros espacios públicos.
«Básicamente el tema tiene que ver con regular la cuestión de los trapitos, conocidos por todos, que generalmente están en alrededores de restaurantes o lugares muy concurridos y se ponen a cuidar supuestamente coches con el objetivo de recibir alguna propina», explicó Gómez de Oliveira.
La edil señaló que muchos vecinos terminan pagando no por voluntad propia sino por temor. «Generalmente el pago no se hace de manera voluntaria, sino para evitar algún conflicto o una situación incómoda. Como es una actividad totalmente irregular, ningún vecino tiene certeza de que esa persona realmente vaya a cuidar el coche y no sea la misma que pueda dañarlo», afirmó.
También mencionó situaciones de intimidación en zonas de alta circulación: «Uno termina pagando para evitar una discusión incómoda o algún tipo de agresividad», sostuvo.
Durante la presentación, la concejal hizo referencia a denuncias de mujeres que, según indicó, atravesaron situaciones de temor frente a limpiavidrios en distintos puntos de la ciudad. «He tenido casos de mujeres que me dijeron que prácticamente las obligaron a pagar o les golpearon el vehículo con el elemento con el que limpian el parabrisas porque no quisieron bajar el vidrio. Una mujer sola no tiene por qué sentirse expuesta a una situación de violencia», afirmó.
El proyecto prevé la creación de canales de denuncia telefónicos y digitales disponibles las 24 horas. Ante cada reporte, inspectores municipales deberán concurrir al lugar para intimar el cese de la actividad y, de ser necesario, solicitar el apoyo de la fuerza pública.
En cuanto a las sanciones, la iniciativa establece multas de entre 500 y 2.000 unidades fijas para quienes incumplan la norma, con posibilidad de duplicar la penalidad ante reincidencias.
Gómez de Oliveira aclaró, sin embargo, que la propuesta no apunta a criminalizar a quienes realizan estas tareas. «No podemos decir que todos tengan una actitud intimidatoria o quieran causar daño, pero el vecino no lo sabe porque no está regulado», expresó. En esa línea, el proyecto incorpora la posibilidad de que el municipio impulse programas de capacitación e inserción laboral a través de la Oficina de Empleo, con el objetivo de ofrecer alternativas formales a las personas afectadas.
«La idea no es acusar, sino tratar de encontrar un trabajo que realmente valga la pena y sea legal para esas personas», sostuvo la concejal.
El proyecto quedó ahora en análisis en el Concejo Deliberante y deberá pasar por comisión antes de llegar al recinto para su votación.
Con informacion de Misiones Online.