El Palacio de Justicia de Misiones fue el escenario de un encuentro clave para el futuro del sistema judicial provincial. El procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, fue convocado por su par misionero, Carlos Jorge Giménez, para exponer sobre el sistema acusatorio que Misiones aspira a adoptar mediante una reforma a su Código Procesal Penal antes de que termine el año.
Misiones es actualmente la única jurisdicción del país que todavía utiliza el sistema mixto-inquisitivo, modelo que el resto de las provincias ya dejó atrás. La reforma busca cambiar ese esquema radicalmente: los fiscales pasarían a ser quienes instruyan e investiguen las causas, mientras que los jueces cumplirían un rol de control e imparcialidad, sin intervenir en la investigación.
Miquelarena ocupa el cargo de procurador chubutense desde 2008 y es reconocido como autor del proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de Chubut (2024). Además, representa a su provincia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integra la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación y preside el Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina, desde donde impulsó la transición al sistema acusatorio en distintas jurisdicciones.
La sala de usos múltiples del Palacio de Justicia se colmó con fiscales, jueces, defensores oficiales, secretarios y funcionarios del Poder Judicial que asistieron a escuchar su exposición. Allí, el procurador enumeró los beneficios concretos que traería el cambio.
«Transparencia y soluciones de conflictos con agilidad, permiten evitar la revictimización con un sistema acusatorio directo», señaló Miquelarena. También planteó que «hay que abandonar la cultura inquisitiva, aplicar el principio de oportunidad en la solución directa en caso que la víctima así lo crea y se ajusta a derecho un acuerdo».
Sobre la calidad de las investigaciones, el procurador afirmó que el nuevo modelo «aumenta la transparencia porque las investigaciones son de mayor calidad, sobre todo en delitos complejos, además de permitir reducir los tiempos de los procesos pero también mejorar los estándares del debido proceso para garantizar los derechos de los imputados, tal el caso de los tiempos de las prisiones preventivas».
Miquelarena también destacó que el sistema acusatorio aporta «soluciones menos violentas, avances en seguridad ciudadana y la reducción de los índices de delincuencia», y subrayó que «lo que no podrá hacer el juez en un sistema como este es investigar y juzgar al mismo tiempo, porque se supone que es un órgano imparcial».
Con informacion de Primera Edicion.