La confirmación del Ministerio de Economía sobre la apertura de sobres para licitar más de 3.900 kilómetros de corredores viales en distintas provincias reavivó las críticas de organizaciones que defienden los derechos de los usuarios de rutas. Entre los corredores incluidos figura el denominado Tramo Noreste, que atraviesa Misiones de punta a punta por las rutas nacionales 12 y 105, conectando Loreto —en Corrientes— con Puerto Iguazú en más de 456 kilómetros.
Ricardo Lasca, ingeniero agrónomo y coordinador nacional del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), fue uno de los críticos más directos del nuevo modelo. En declaraciones al medio Primera Edición, sostuvo que el esquema impulsado por la gestión de Javier Milei repite «los errores de los años 90» y que «termina beneficiando a las empresas concesionarias y perjudicando a los usuarios».
Para Lasca, el núcleo del problema es la ausencia de obras estructurales. «Lo grave es que no se prevén obras de envergadura. No hay autovías, autopistas ni multitrochas para evitar el problema gravísimo de los choques frontales», señaló. En la misma línea, cuestionó el alcance real de los compromisos de inversión privada: «Es inversión cero y riesgo cero. Lo único que plantean es corte de pasto y bacheo. La gente va a pagar más, pero las rutas seguirán iguales».
El referente de CONADUV advirtió que la situación de deterioro de la red vial genera una aceptación forzada entre los conductores. «La gente está desesperada frente al estado de las rutas y acepta cualquier cosa con tal de que tapen un bache. Pero eso no resuelve el problema de fondo», afirmó. Sobre la ruta 12 en particular, sostuvo: «Vamos a pagar más peajes y seguir viajando en rutas peligrosas. Las rutas son angostas, hoy circulan camiones enormes y hasta bitrenes. Hay lugares donde dos camiones prácticamente se tocan los espejos».
Lasca también cuestionó la naturaleza misma del sistema de peajes en Argentina. «Menem inventó algo inédito en el mundo: se cobra peaje en rutas ya construidas con impuestos. Eso no es peaje, es un impuesto al tránsito», afirmó. Según explicó, ese costo termina trasladándose a toda la cadena productiva. «Cuando contratás un camión para transportar madera o yerba, te cobran el flete más el peaje. Y eso después termina impactando en todos los precios», sostuvo. Agregó que incluso quienes no tienen vehículo propio absorben ese costo: «cuando alguien compra un kilo de yerba o paga un pasaje de colectivo, ahí también está incluido el peaje».
El dirigente apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: «Caputo cree que sabe todo y de caminos no sabe nada. Maneja ferrocarriles, obras viales y transporte como si fuera un superhombre», ironizó. Además, según denunció, existirían mecanismos de financiamiento estatal indirecto que contradicen el discurso oficial. «Hablan de inversión privada, pero después aparecen fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior o financiamiento vinculado al Estado. Entonces no es cierto que el privado asuma todo el riesgo», planteó.
Otro punto señalado por CONADUV es la falta de un ente regulador específico para las concesiones viales. «Las rutas concesionadas son un servicio público, igual que el gas o la electricidad, pero acá no existe un ente regulador creado por ley y los usuarios no participamos de ninguna decisión», protestó Lasca.
También expresó preocupación por la posible transferencia de rutas nacionales a las provincias sin financiamiento garantizado. «Quieren desmantelar Vialidad Nacional sacándole las rutas y pasándolas a las provincias. Y varios gobernadores aceptan recibirlas sin presupuesto», afirmó. Según advirtió, eso podría multiplicar los puntos de cobro: «Hoy hay unas 40 estaciones de cobro y quieren sumar más de 50 nuevas. Vamos a terminar pagando un peaje cada 90 kilómetros».
Sobre las empresas que participan del sistema, Lasca sostuvo que «es el mismo club del peaje de los años 90» y denunció que algunas compañías adjudicatarias aparecerían vinculadas a causas judiciales por corrupción: «Hay empresas cuyos titulares están en juicio oral y siguen participando del sistema», afirmó.
Para el referente de CONADUV, la situación refleja la ausencia histórica de una política integral de transporte e infraestructura. «Nunca escuché a un presidente hablar seriamente de una política de Estado de transporte. Todo son parches. Cambian los presidentes, cambian los partidos, pero seguimos siempre con el mismo sistema», concluyó.
Con informacion de Primera Edicion.