El Gobierno de Misiones formalizó mediante el Decreto N.º 657 un programa de asistencia directa a los centros de discapacidad de la provincia, con vigencia desde este mes hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida apunta a sostener la operatividad de esas instituciones ante la interrupción de los aportes que recibían del Estado nacional, cuya deuda acumulada con el sector fue caracterizada en los considerandos del decreto como generadora de «una grave afectación en el flujo de fondos» y una «emergencia prestacional inminente».
El programa, denominado Régimen de Beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, cubre costos básicos de funcionamiento: hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 metros cúbicos de agua potable por institución al mes. Los fondos se transferirán directamente a las prestatarias —Energía de Misiones S.A., Samsa y cooperativas— para su aplicación a los centros beneficiarios. La coordinación del esquema queda bajo el Ministerio de Hacienda, en articulación con el Ministerio de Salud Pública.
Para acceder al beneficio, los establecimientos deben contar con categorización vigente otorgada por la autoridad sanitaria provincial y acreditar que al menos el 60% de sus pacientes son afiliados al IPS o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. También deben cumplir requisitos formales, entre ellos que el domicilio declarado coincida con el lugar efectivo de prestación.
El Centro de Estudios Especializados en Discapacidad e Inclusión (CENEMI) es uno de los espacios alcanzados por la asistencia. Su director, Sebastián Calderón, señaló que la medida «llegó en el momento justo, estamos al límite, porque el 90% de las instituciones no está recibiendo los pagos por las prestaciones». Agregó que los atrasos de Nación ya superan, en muchos casos, los seis meses.
Amanda Álvarez, directora del Centro de Atención a la Diversidad Funcional, coincidió con ese diagnóstico y sumó otra dificultad: las demoras en las altas de las obras sociales. Su institución atiende a unos 200 beneficiarios —niños, adolescentes y adultos— y es, según se indica, el único centro de la provincia con cobertura integral, que abarca intervención temprana, centro educativo terapéutico, centro de día, rehabilitación y alimentación diaria. Álvarez indicó que «la asistencia provincial permitió cubrir parte de los costos y sostener la actividad».
Desde la Provincia se aclaró que la medida tiene carácter excepcional y transitorio, y que responde a las obligaciones establecidas por la Ley Nacional 24.901, que garantiza cobertura integral en salud, educación y rehabilitación para personas con discapacidad. La decisión implica que la provincia asume transitoriamente una responsabilidad que, según se señala en el decreto, corresponde al Estado nacional.