Se llevó a cabo la Primera Mesa sobre el Régimen Penal Juvenil, un encuentro virtual de debate sobre la nueva ley y los desafíos que plantea su implementación. La actividad fue organizada en conjunto por el Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con las defensorías de Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Córdoba, y contó con el auspicio de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
Misiones se destacó como la segunda provincia con mayor participación. Estuvieron presentes jueces, referentes de las direcciones de Niñez de distintos municipios y representantes de organismos que integran el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Entre los especialistas que expusieron se encontraron Amelia López, presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO); Alejandro Cardinale, juez Penal Juvenil de Rosario; y Silvia Stuchlik, especialista en Políticas Sociales, Infancias y Adolescencias.
La presidenta del Consejo Federal de Defensores y Defensoras, Alejandra Martínez —quien también es Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Jujuy—, calificó la jornada como «un espacio sumamente valioso de diálogo federal, reflexión y construcción colectiva en un momento especialmente importante para nuestro país, teniendo en cuenta que restan apenas unos meses para la implementación de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil».
Martínez también valoró que «la participación fue muy significativa y demuestra que existe una preocupación real en las provincias respecto de cómo se implementará este nuevo régimen, cuáles serán sus impactos concretos y qué respuestas deberán construirse desde el sistema de protección integral de derechos».
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de fortalecer los sistemas provinciales antes y durante la entrada en vigencia de la ley. «No alcanza solamente con modificar normas. Será indispensable trabajar en prevención, en políticas públicas integrales, en salud mental, en educación, en acompañamiento familiar y comunitario, y en dispositivos especializados que permitan evitar que niñas, niños y adolescentes lleguen al sistema penal», remarcó Martínez.
Sobre el rol de las defensorías provinciales, señaló que «deberemos fortalecer nuestras capacidades de monitoreo, incidencia, articulación institucional y defensa de derechos, procurando siempre que cualquier intervención estatal respete los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y garantice el interés superior del niño, el derecho a ser oído y el principio de especialidad en materia penal juvenil».
La vicepresidenta del Consejo Federal y Defensora de Misiones, Rossana Franco, destacó que «estamos ante un hecho histórico que implica la derogación de una ley, que era necesaria su modificación en lo que respecta a los nuevos tiempos, sin entrar en la discusión de la edad de imputabilidad, el cual nos hemos manifestado a través de un pronunciamiento conjunto con todas las Defensorías del país, teniendo como antecedentes la jurisprudencia internacional, nacional y provincial».
Franco subrayó que «la oportunidad está en lo procedimental, y es allí donde el Sistema de Protección Integral de Misiones, a través de sus actores sociales podrán expresar las propuestas necesarias». También señaló que desde la provincia se continuará trabajando en «la prevención del delito, frenar la deserción escolar y asegurar el apoyo a las infancias más vulnerables, en lugar de desfinanciar programas sociales y educativos como en los últimos tiempos a nivel nacional».
La jueza a cargo del Juzgado de Familia N°1 de Posadas, Lidia Graciela Mana, se refirió a la Ley N°27.801 y sostuvo que «representa un avance indispensable en la historia institucional y jurídica de nuestro país, ya que deroga definitivamente el decreto-ley 22.278 de la última dictadura militar, saldando una deuda histórica de la democracia con los compromisos internacionales de Derechos Humanos».
Mana advirtió, no obstante, que el verdadero desafío está en la implementación: «Si la reforma no viene acompañada de una fuerte inversión presupuestaria en infraestructura especializada, capacitación y recursos humanos, se corre el riesgo de que estos avances queden solo en el plano teórico. Siendo lo más delicado la baja de la edad de imputación penal».
La jueza también destacó que las áreas administrativas del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez tendrán un rol central en el nuevo esquema legal, tanto en la prevención y desjudicialización como en la ejecución de medidas alternativas al encierro. Los especialistas coincidieron en que, si esos organismos no reciben presupuesto y personal calificado suficiente, dichas medidas alternativas corren el riesgo de fracasar por falta de seguimiento.
Con informacion de Misiones Online.