Misiones llevó al Senado de la Nación su apuesta por convertir la conservación de la selva en una fuente de ingresos concretos. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto a representantes de los ministerios de Cambio Climático y de Ecología, presentaron el Programa Jurisdiccional REDD+, una iniciativa orientada a comercializar créditos de carbono en mercados internacionales.
La exposición se enmarcó en el debate de un proyecto legislativo impulsado por la senadora nacional Sonia Rojas Decut, que busca establecer un marco regulatorio para los mercados de carbono en Argentina. Del encuentro participaron representantes de once provincias, especialistas ambientales, actores del sistema financiero y funcionarios nacionales.
El mecanismo funciona sobre una lógica concreta: los créditos de carbono son activos que representan toneladas de CO2 capturadas o evitadas gracias a la conservación del bosque. Empresas y organizaciones de distintos países los adquieren para compensar sus propias emisiones contaminantes, en un mercado internacional que viene creciendo.
Safrán planteó que la provincia redefine así su identidad productiva. «Siempre se asocia a Misiones con la yerba, el té o la industria forestal. Sin embargo, políticamente hoy sostenemos una premisa que define el futuro de nuestra provincia: el principal producto que Misiones le aporta al país y al mundo es el oxígeno», afirmó ante el Senado.
La provincia trabaja en este esquema desde 2021 y se encuentra, según indicaron los funcionarios, en la etapa final del proceso de certificación internacional bajo los estándares Verra (JNR), entre los más exigentes del sector.
El modelo elegido es de alcance jurisdiccional, es decir, abarca toda la provincia. Eso permite además la incorporación de propietarios privados de bosques nativos mediante mecanismos de «anidamiento», a través de los cuales podrán sumarse al programa general o desarrollar proyectos propios dentro del marco provincial. «Hubo mucho trabajo técnico, jurídico y también de difusión para que productores y empresas comprendan cómo funciona este sistema y qué beneficios puede generar», señaló Safrán.
Un requisito central fue demostrar ante organismos internacionales la llamada «adicionalidad»: acreditar que Misiones realiza esfuerzos concretos y medibles para reducir la deforestación por encima de los parámetros históricos. «La selva no se conserva sola. Mantener este pulmón verde implica inversión, control, guardaparques y políticas públicas sostenidas», remarcó el ministro.
El primer período de medición del programa, que cubre los años 2017 a 2021, está en fase final de auditoría internacional. Las estimaciones oficiales indican que hacia fines de este año o comienzos del próximo la provincia podría emitir sus primeros créditos certificados. El segundo período, de 2022 a 2026, continúa en evaluación técnica.
En cuanto al destino de los recursos, la normativa provincial establece que serán administrados a través de un fideicomiso con asignaciones específicas: fortalecimiento de programas ambientales y control de la deforestación ilegal, compensaciones directas a propietarios de bosques nativos, y financiamiento para productores, cooperativas y comunidades originarias con actividades compatibles con la conservación. «El objetivo es que el recurso económico vuelva al territorio y genere desarrollo local», sostuvo Safrán.
En el plano comercial, Misiones firmó una asociación con Mercuria, compañía global dedicada a la comercialización de energía y soluciones ambientales, que actuará como socio estratégico para la colocación de los créditos en el mercado internacional.
La senadora Rojas Decut subrayó la necesidad de construir reglas claras para integrar los activos ambientales al mercado de capitales y fortalecer el financiamiento climático en el país.
Con informacion de Primera Edicion.