La semana próxima ingresará a la Legislatura de Misiones el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. La iniciativa, impulsada desde el espacio Encuentro Misionero, apunta a modernizar el sistema penal vigente mediante la adopción del modelo acusatorio.
Bajo ese esquema, el fiscal investiga y acusa, la defensa representa al imputado y el juez actúa como tercero imparcial, controlando el proceso y dictando sentencia a partir de lo debatido en audiencia. La oralidad y la publicidad de las audiencias pasan a ser el eje del procedimiento, con el objetivo de dar mayor transparencia a cada causa.
La reforma también modifica el lugar de las víctimas en el proceso: amplía sus derechos de información, participación, protección y acompañamiento, elimina obstáculos para la presentación de denuncias y refuerza los mecanismos de acceso a la justicia.
El diputado provincial y referente de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, explicó que la propuesta es producto de un trabajo conjunto con el Poder Judicial. «Vinimos trabajando en un think tank, un grupo de pensamiento y de acción con el poder judicial, y la semana que viene va a tomar estado parlamentario el proyecto que reforma el Código Penal estructuralmente de toda la provincia, orientándolo al proceso acusatorio, que es un adelanto histórico que vamos a tener en esta materia», sostuvo.
La comisión encargada de elaborar el anteproyecto fue encabezada por el procurador general de la provincia, Carlos Giménez, e involucró encuentros interdisciplinarios entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Misiones.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz, destacó el carácter participativo del proceso. «Un proceso de carácter participativo en donde cada uno de los actores tiene la posibilidad de poder transmitir su idea, su visión y su trayectoria», señaló al referirse a las jornadas de debate.
Desde el Colegio de Abogados, su presidente Antonio López Forastier, quien integró la comisión redactora, respaldó la propuesta y consideró que el nuevo modelo fortalece las garantías y derechos de las personas sometidas a procesos penales, dentro de un esquema que busca una respuesta judicial más accesible y transparente para la ciudadanía.