La Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) presentó el informe «Mate mal cebado: desregulación de la yerba mate, una economía regional», en el que analiza las consecuencias de las reformas aplicadas sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) desde 2023.
Según el documento, elaborado por el equipo Rural y el capítulo Misiones de la fundación, el proceso se inició con el DNU 70/2023 y se profundizó con el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025. El informe afirma que, como resultado, el INYM perdió la capacidad de fijar precios de referencia y regular stocks.
«El 90% de los hogares argentinos consumen yerba mate, las ventas suben y los trabajadores no llegan ni a cubrir los costos de producción. Evidentemente la desregulación no generó más competencia ni mejores condiciones para producir. En un mercado altamente concentrado, significó trasladar ingresos desde los pequeños productores hacia los actores con mayor poder económico», afirmó José Luis Fuentes, integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI y autor del informe.
De acuerdo con el relevamiento, el precio de la hoja verde cayó desde valores de entre $350 y $400 por kilo —con reclamos de hasta $500 a fines de 2023— hasta ubicarse entre $80 y $90 para productores no integrados a cooperativas. El estudio estima que durante el primer año de desregulación el sector productivo dejó de percibir alrededor de $200 mil millones.
El informe también describe una marcada concentración en la cadena: existen cerca de 12.500 productores primarios, mientras que diez empresas concentran el 76,8% del mercado industrial. Entre ellas, Liebig, Las Marías y La Cachuera reúnen el 49,5% del volumen. En la comercialización, diez marcas controlan el 80% de la yerba molida, y cadenas como Carrefour, CENCOSUD, Changomás, Coto y La Anónima dominan la llegada del producto a los hogares.
Uno de los puntos más sensibles del trabajo es la situación de los tareferos. Según el informe, alrededor de 13 mil trabajadores participan de la cosecha de hoja verde, muchos en condiciones de informalidad. Aunque la Resolución 276/2025 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario fijó un valor de entre $77 y $78 por kilo, los relevamientos territoriales registraron pagos efectivos de apenas $40 por kilo. El documento también señala incumplimientos salariales y mecanismos informales de descuento que reducen aún más los ingresos.
«El tarefero es el termómetro de la desigualdad: cuando cae el precio al productor, el ajuste impacta de inmediato sobre su salario», indica el informe.
En ese contexto, el estudio advierte sobre un aumento de la migración laboral desde Misiones hacia Brasil. Localidades como Comandante Andresito registran, según el documento, la salida de jóvenes y trabajadores rurales en busca de empleo. Datos de la Receita Federal de Brasil citados en el informe indican que la cantidad de argentinos que tramitaron el CPF pasó de un promedio de ocho mil anuales entre 2016 y 2021 a cerca de 40 mil en 2025, muchos de ellos ocupados en cosechas frutícolas o en la construcción.
Frente a este diagnóstico, la Fundación DHI propone restituir las facultades del INYM para fijar precios y regular stocks, establecer un precio mínimo por tonelada cosechada, incorporar representantes tareferos al directorio del organismo, avanzar hacia un mercado consignatario con stock regulador y fortalecer las cooperativas.
«Lo que está en discusión no es solamente una economía regional. También está en juego una forma de organización social, productiva y comunitaria profundamente arraigada en nuestro país. Por eso planteamos una salida alternativa, con propuestas concretas priorizando tanto a los productores y tareferos como también el desarrollo regional», concluyó Verónica Bernava, integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI y coautora del informe.