Una de las reformas tributarias más significativas de los últimos años entra en vigencia este miércoles en Misiones. El Gobierno provincial suspende el régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal para el 95% de los contribuyentes comprendidos en ese sistema, una medida que el gobernador Hugo Passalacqua había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes.
De un universo de 17.600 contribuyentes, 16.800 quedan eximidos de realizar ese anticipo al ingresar mercaderías a la provincia. En lugar del pago, deberán completar un formulario electrónico con los datos de la carga —tipo de producto, valor, origen, destino y documentación respaldatoria—, que será verificado digitalmente en los controles.
El subdirector de la Agencia Tributaria Misiones, Gabriel Petta, explicó que la decisión forma parte de la política de alivio fiscal que impulsa la gestión provincial. «De un universo de 17.600 contribuyentes, 16.800 quedan exceptuados del pago a cuenta. Es decir, el 95% deja de pagar este anticipo», señaló en declaraciones a Canal 12.
Petta subrayó que los controles no desaparecen, sino que cambian de modalidad. El personal de los puestos validará la información de manera electrónica, lo que reducirá los tiempos de espera y las filas que habitualmente se formaban en los accesos a la provincia. «Los controles continúan. Toda mercadería que circula debe contar con la documentación correspondiente. Lo que cambia es que el 95% ya no tendrá que realizar el pago a cuenta», precisó.
El grupo restante, unos 800 grandes contribuyentes, tampoco deberá detenerse a pagar en los controles de ruta. En su caso, el anticipo pasará a integrarse como un monto fijo mensual calculado sobre la base de períodos anteriores, dentro del sistema de pago global en el que muchos ya están incorporados. Solo quienes no estén incluidos en ese esquema continuarán usando el formulario tradicional para efectuar el anticipo.
Durante la entrevista, Petta cuestionó además el uso del término «aduana paralela» aplicado a estos controles fiscales. Según explicó, la denominación es jurídicamente incorrecta porque la potestad aduanera es competencia exclusiva del Estado nacional. «Lo que existe es un control fiscal, como realizan muchas otras provincias sobre el transporte de mercaderías. No se trata de una aduana», afirmó.
Desde la Agencia Tributaria indicaron que el objetivo de la medida es reducir costos financieros y administrativos para las empresas, mejorar la competitividad del comercio y la producción, y modernizar el sistema de fiscalización mediante herramientas digitales.
El nuevo régimen tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027, plazo en el que será evaluado para definir su continuidad, ampliación o posibles ajustes.
Con informacion de Misiones Online.