Juana Ávalos, presidenta del Centro de Jubilados de ATE en Entre Ríos, advirtió que el PAMI atraviesa lo que describió como el momento más crítico de su historia. «No es casual que la cifra de fallecimiento de jubilados sea mayor que durante la pandemia», sostuvo la dirigente al referirse a la situación actual de los afiliados al organismo.
Según denunció Ávalos, el deterioro ya se hace visible en la suspensión de servicios concretos: médicos de cabecera, clínicas, prestaciones y farmacias habrían dejado de funcionar en distintos puntos del país. «Todos los jubilados, en todo el país, carecen de atención y ya están informando que para ser atendidos tendrán que abonar», afirmó.
La dirigente también cuestionó el manejo interno del organismo y denunció un supuesto «manejo de casta». Según sus dichos, el Gobierno nacional «establece sobreprecios, nombra jerárquicos a sueldos millonarios, tranza con laboratorios y grupos concentrados de salud», al tiempo que abona insumos como anteojos, prótesis, pañales y sillas a valores que calificó como exorbitantes.
Otro punto central de la denuncia apunta a la cobertura de medicamentos: según Ávalos, más de dos millones de afiliados quedaron excluidos del beneficio y deben recurrir ahora a subsidios sociales o trámites de excepción para acceder a remedios que antes obtenían sin costo.
A la situación se suma el cierre de varias dependencias del organismo en distintas regiones, lo que obliga a muchos jubilados a trasladarse largas distancias para acceder a farmacias, laboratorios o consultorios. Según la dirigente, numerosos médicos de cabecera abandonaron sus funciones ante la reducción de honorarios, mientras que asociaciones médicas llevan adelante medidas de fuerza por demoras en los pagos.
Si bien el Gobierno nacional informó el envío de fondos para regularizar deudas, Ávalos indicó que los problemas persisten en clínicas y consultorios externos.
Ante este escenario, las organizaciones de jubilados presentaron un pliego de reclamos que incluye, entre otras demandas: «Basta de 47 años de intervención en el Pami, que se cumpla la ley, apertura de los libros, investigación de contratos y de personal con sobresueldo, juicio y castigo a los funcionarios responsables del robo y vaciamiento». También exigieron la restitución inmediata de los medicamentos gratuitos y la ampliación del listado de prestaciones e insumos.