La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a abonar desde agosto la pensión que Cristina Fernández de Kirchner percibe en carácter de viuda del expresidente Néstor Kirchner. El pago responde a una medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social y no implica, según aclaró el propio organismo, que el Gobierno haya abandonado su posición judicial.
El haber mensual bruto reconocido asciende a $15.683.154,06. Sin embargo, ese monto no llegará íntegro a la expresidenta: la ANSES aplicará una retención mensual de $3.136.630,81 hasta cubrir un total de $660.052.338,87, suma que el organismo considera percibida de manera indebida a lo largo de los años. A eso se suman los descuentos habituales por obra social e impuesto a las Ganancias.
El Gobierno también resolvió suprimir el adicional por zona austral, con el argumento de que Kirchner reside actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria.
La cautelar alcanza únicamente a la pensión por viudez, no a la asignación vitalicia que la exmandataria recibía por haber ejercido la Presidencia. Ambos beneficios habían sido suspendidos en noviembre de 2024, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
El Ministerio de Capital Humano sostiene que Kirchner no debería acceder a los beneficios previstos por la Ley 24.018, dado que esa norma está concebida como un reconocimiento al mérito y al desempeño en el ejercicio de los cargos de presidente o vicepresidente, condiciones que el Ejecutivo considera incompatibles con una condena por delitos contra la administración pública.
El punto de conflicto jurídico central es que la Ley 24.018 no establece expresamente que una condena penal posterior habilite la quita del beneficio. La defensa de Kirchner llevó la disputa al fuero de la Seguridad Social, que emitió la cautelar ahora en vigencia.
Mientras cumple esa orden judicial, la ANSES mantiene activo un recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión de la Cámara Federal. El Gobierno buscará así resolver en la instancia máxima la discusión de fondo sobre la compatibilidad entre la condena y los beneficios de la ley.
Con informacion de Primera Edicion.