El oficialismo tiene previsto llevar al recinto del Senado el próximo jueves, al mediodía, el proyecto denominado «inviolabilidad de la propiedad privada». La iniciativa, que ya fue postergada en dos ocasiones, introduce modificaciones de amplio alcance en materia de tierras rurales, desalojos, expropiaciones e incendios.
El aspecto más discutido es la eliminación de los límites vigentes para que extranjeros —tanto personas físicas como empresas— puedan comprar campos en el país. En ese esquema, serían las provincias las encargadas de autorizar cada operación dentro de su territorio.
Sin embargo, el texto establece restricciones específicas: los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal de otros países no podrán adquirir tierras sin la aprobación conjunta de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. Esa doble autorización también será obligatoria para cualquier compra ubicada en zonas de frontera. Si ninguno de los dos niveles de gobierno formula objeciones en 180 días, regirá el silencio administrativo positivo y la operación quedará habilitada.
El proyecto es uno de los ejes del programa de desregulación que lleva adelante el ministro Federico Sturzenegger. La bancada de La Libertad Avanza, conducida por Patricia Bullrich, aprovechará además la sesión para intentar aprobar cerca de treinta pliegos judiciales.
El debate había sido postergado el 3 de junio por discrepancias sobre la apertura a capitales externos, y luego volvió a caerse el 25 de junio por falta de quórum.
En materia de desalojos, el texto habilita un procedimiento acelerado para inmuebles usurpados u ocupados por tenedores precarios. El juez podrá ordenar la entrega inmediata si el derecho del propietario resulta verosímil y existe caución juratoria, e intimar la devolución en un plazo de 72 horas con la documentación que acredite la titularidad.
Para los inquilinos con deudas, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar al menos diez días corridos para regularizar el pago —con notificación posible también por correo electrónico— antes de poder iniciar la acción de desalojo, que deberá resolverse en diez días hábiles. Cuando en el inmueble haya menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar, que contarán con diez días para buscar una alternativa habitacional sin frenar el proceso judicial.
En cuanto a las expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de forma restrictiva y el Estado tendrá que fundamentar con precisión cada medida. El dictamen incorporó además un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, límite que no figuraba en la redacción original. Los intereses se calcularán según la evolución del Índice de Precios al Consumidor más la tasa a treinta días del Banco Nación.
Sobre los incendios, la iniciativa propone derogar la prohibición de 30 años para cambiar el uso de superficies quemadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Las restricciones sí se mantendrán para bosques nativos y humedales, junto con la veda de 60 años establecida en la Ley de Manejo del Fuego.
Durante el trámite parlamentario, el proyecto sufrió modificaciones relevantes. El capítulo vinculado a la ley de barrios populares fue eliminado tras las críticas de la Iglesia y organizaciones sociales, que advirtieron que la redacción original podía facilitar desalojos masivos.
La votación representará una nueva prueba para el oficialismo, que necesita mantener acuerdos con los bloques dialoguistas para sacar adelante una iniciativa que combina desregulación económica con reformas de fuerte impacto territorial y social.
Con informacion de Primera Edicion.