La Justicia de Posadas ordenó la detención de una mujer acusada de cobrar dinero a cambio de supuestas gestiones para conseguir empleos públicos. Según la investigación a cargo del fiscal de instrucción René Germán Casals, la causa acumula alrededor de 17 denuncias y un perjuicio económico que superaría los 9 millones de pesos.
Durante el procedimiento, se allanó uno de los domicilios vinculados a la sospechosa, se secuestraron teléfonos celulares y se solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias y billeteras virtuales que habrían sido utilizadas para recibir los pagos.
Casals precisó que esta causa no es la única en su contra: «Se trata de un cúmulo de denuncias, en este caso, que están representados por un solo profesional, que son alrededor de 17 presentaciones, 17 personas damnificadas por esta supuesta estafa que se estaría perpetrando, que no es el único antecedente, en cuanto a denuncias que tiene, porque ya están tramitando otras en otros juzgados también sobre la misma imputada».
El fiscal aclaró que la mujer no registra condenas firmes, por lo que jurídicamente no corresponde hablar de antecedentes penales. Aun así, señaló que en algunos de esos expedientes ya prestó declaración indagatoria.
Uno de los elementos que motivó la detención fue la actitud evasiva de la investigada frente a los reclamos de las víctimas. Según describió Casals: «Ella se estaba, entre todo el ardid que había hecho, había hecho hasta reuniones con los damnificados y después directamente desaparecía, hacía caso omiso a los pedidos que realizaban los damnificados, se escondía, cambiaba su teléfono, los bloqueaba. Entonces tenía una actitud evasiva y la posibilidad de que continúe con ese accionar».
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que los fondos ingresaron directamente en cuentas y billeteras virtuales registradas a nombre de la propia imputada. «En este tipo de casos a veces se intentan poner billeteras virtuales, cuentas de terceras personas para intentar ocultar el camino hacia el verdadero autor y, en este caso, el hecho es directamente: tenía cuentas personales, billeteras personales, o sea, a su nombre y todo», señaló el fiscal.
La investigación podría exceder el delito de estafa. Casals explicó que el análisis de las pruebas determinará si la mujer se presentó falsamente como abogada, si invocó un cargo público o si ofreció influir sobre funcionarios para obtener los puestos prometidos: «El encuadre primario que tenemos es sobre una posible estafa, pero podría ser otro tipo de delito en concurso ideal o real, como ser la usurpación de títulos, si fuera o no fuera abogada, que se hacía representar supuestamente por abogada, o con un cargo en una función pública, donde podría haber una tentativa de cohecho inclusive».
El fiscal también destacó la situación de vulnerabilidad de varias víctimas: «Había gente muy humilde. Hay gente que lastimosamente intentó conseguir créditos para pagar eso, eso es lo que ellos denuncian, o vender bienes para poder lograr juntar esa plata que le exigía para esa promesa de lograr un mayor bienestar».
Los peritos analizarán los teléfonos secuestrados, los registros de conversaciones, correos electrónicos, comprobantes de transferencia y movimientos financieros. El área de Cibercrimen también participará en la recolección de evidencia digital. Casals no descartó que puedan identificarse otros partícipes: «Ahí podría surgir la participación de otro, pero en principio las denuncias apuntan hacia ella».
En cuanto a las penas, el fiscal advirtió que la multiplicidad de hechos podría elevar considerablemente la expectativa de condena: «El Código prevé que, en el momento de dictarse una sentencia, de estar comprobados todos los hechos, podría darse una sumatoria de esas penas, llegando a un tope máximo de 50 años. La pena puede ser mucho más alta que los seis años, porque no es solo un hecho, sino varios concursos reales de hechos que generan una sumatoria de las penas».
Los fondos que se logren identificar podrán ser restituidos a las víctimas. Quienes resultaron damnificados también tendrán la posibilidad de constituirse como actores civiles dentro del proceso o iniciar acciones civiles independientes para reclamar una reparación económica.
Con informacion de Misiones Online.