Un grupo de dirigentes políticas nucleadas en la Red de Mujeres del Movimiento por lo que Viene difundió un pronunciamiento público dirigido a los tres senadores nacionales por Misiones en el que les exige votar en contra del proyecto de ley denominado de «inviolabilidad de la propiedad privada».
Según el documento, la iniciativa no regula la propiedad sino que habilita la entrega del territorio nacional. Las firmantes señalan que el texto elimina las restricciones establecidas por la Ley 26.737 sobre extranjerización de la tierra: el techo del 15% de superficie rural en manos extranjeras, el cupo por nacionalidad y la protección de inmuebles que contienen cuerpos de agua.
El punto más cuestionado es la figura del silencio administrativo positivo. De acuerdo al pronunciamiento, si el Estado no se expide en un plazo de 180 días, la operación quedaría autorizada de pleno derecho. Ese mecanismo alcanzaría incluso a tierras en zonas de seguridad de frontera y a empresas con participación de estados extranjeros. «La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó», sostienen las firmantes.
El escrito también cuestiona el trámite parlamentario. Según indican, desde el dictamen del 20 de mayo el proyecto acumuló catorce versiones distintas, ninguna de las cuales volvió a comisión. Para el grupo, eso no representa una falla procedimental sino la supresión de la función deliberativa del Congreso.
El pronunciamiento interpela en particular al senador misionero que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales —la que dictaminó el proyecto— y que participó de la reunión de Labor Parlamentaria donde se habilitó su tratamiento.
Para fundamentar la posición provincial, el documento destaca tres condiciones geográficas de Misiones: el noventa por ciento de sus límites son frontera internacional, bajo su suelo se extiende el Acuífero Guaraní y en su superficie se conserva la mayor reserva de selva del país. Bajo esa lectura, la desregulación del mercado de tierras dejaría de ser una discusión económica para convertirse en una amenaza territorial concreta para la provincia.
Las dirigentes retoman además el argumento federal: si el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, la administración de la tierra misionera debería resolverse en Misiones y no quedar sujeta a un silencio administrativo tramitado en Buenos Aires.
El reclamo es preciso: las firmantes no piden abstenciones ni ausencias, sino tres votos negativos en la votación nominal. Extienden el pedido al rechazo de cualquier norma que afecte el patrimonio territorial misionero.
El texto, fechado en Posadas en julio de 2026, cierra con un llamado a la ciudadanía a impulsar acciones institucionales, comunitarias y ciudadanas en defensa del territorio provincial.