El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables se reunió este martes con referentes del sector maderero para analizar las inquietudes generadas por el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), reglamentado recientemente mediante la Resolución Nº 182/26. Del encuentro surgió el acuerdo de conformar una mesa técnico-jurídica, que sesionará en las próximas semanas, para revisar en detalle los puntos cuestionados.
Por parte del Ministerio participaron el ministro Martín Recamán, el subsecretario de Ordenamiento Territorial Lucas Russo, el director general de Bosques Nativos Milton Morán, la directora general de Asuntos Jurídicos Antonella Bortolotti y el coordinador del Programa de Créditos de Carbono Augusto Abdulhadi. En representación de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAyADAP) concurrieron el diputado provincial Miguel Núñez (PRO) y el abogado Fernando Acosta.
Los representantes del sector plantearon cuestionamientos sobre las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, las facultades para el dictado de la resolución y la interpretación de algunos aspectos de la normativa. Las autoridades del Ministerio brindaron precisiones sobre el funcionamiento del registro y aceptaron abrir la instancia de trabajo técnico para analizar cada uno de esos planteos.
Desde la cartera se explicó que el RePIA no crea nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio existente. Se trata de una plataforma digital que centraliza información sobre sanciones administrativas firmes, con el fin de agilizar trámites, mejorar la transparencia y dar mayor previsibilidad a quienes realizan gestiones ante el organismo.
En ese sentido, se aclaró que el registro no incluye denuncias, actuaciones preliminares ni expedientes en curso. La inscripción de un infractor solo se concreta una vez que la sanción queda firme y se agota el procedimiento, con plena garantía del derecho de defensa.
El sistema alcanza tanto a personas físicas como jurídicas sancionadas por infracciones ambientales, independientemente de su actividad, y sus efectos administrativos se limitan a autorizaciones, programas, beneficios y trámites que gestiona el Ministerio de Ecología. Además, contempla mecanismos de regularización: una vez cumplidas las sanciones y las medidas de remediación, cesan los efectos de la inscripción, aunque el antecedente se conserva a los fines del seguimiento de eventuales reincidencias.
La mesa técnico-jurídica prevista dará continuidad al diálogo iniciado y buscará consolidar un espacio de trabajo entre el Ministerio y la industria maderera en torno a la implementación del registro.