El diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAYS), presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa está orientada a residentes de Misiones que atraviesen situaciones de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera.
El proyecto apunta a refinanciar, reestructurar o cancelar deudas de consumo con el fin de aliviar la carga sobre los ingresos familiares y recuperar capacidad de gasto. Castro sostiene, en los fundamentos de la iniciativa, que el endeudamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en un obstáculo que impide a los hogares afrontar gastos esenciales.
Podrían acceder al programa las personas con domicilio real en Misiones cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, siempre que sus obligaciones financieras representen al menos el 30% de sus ingresos mensuales netos y se encuentren en mora, riesgo de mora o imposibilidad razonable de cumplir sus compromisos sin resignar gastos básicos.
Entre las deudas elegibles figuran préstamos personales bancarios, saldos de tarjetas de crédito, créditos de compañías financieras, mutuales y cooperativas, además de obligaciones descontadas directamente de haberes, incluidos los préstamos con código de descuento para empleados de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y entes autárquicos.
Uno de los ejes centrales es la posibilidad de unificar distintas deudas en una sola operación de refinanciación. Así, una persona con obligaciones ante varios acreedores podría reemplazarlas por un único crédito destinado exclusivamente a cancelar o reestructurar esos compromisos. El proyecto aclara que los fondos no podrán usarse para nuevo consumo, retiro de efectivo ni financiamiento de bienes o servicios ajenos al desendeudamiento; incluso se prevé la transferencia directa a los acreedores.
En cuanto a las condiciones financieras, el proyecto fija una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%, un plazo mínimo de devolución de 24 meses y un sistema de cuota fija. También propone eliminar gastos administrativos, comisiones de otorgamiento y cargos de intermediación, habilitar la cancelación anticipada sin penalidad y prohibir la capitalización de intereses moratorios o punitorios durante la vigencia del nuevo crédito.
Para los trabajadores con préstamos descontados mediante códigos de descuento, la refinanciación podría implicar la sustitución, reducción o cancelación de esos códigos. La nueva cuota, según establece la propuesta, deberá ser inferior a la carga financiera que reemplaza y respetar los límites de afectación de haberes que fije la reglamentación.
El proyecto contempla condiciones de acceso especiales para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, familias con menores a cargo, trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo y personas que hayan sufrido una caída significativa de sus ingresos.
Como agente financiero de la Provincia, Banco Macro sería invitado prioritariamente a participar del programa. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, que quedaría habilitada para celebrar convenios con el banco y con otras entidades crediticias que adhieran voluntariamente. Estas últimas deberían ofrecer condiciones equivalentes o más favorables a las del programa y cumplir con requisitos de información, transparencia y auditoría.
La iniciativa también crea un régimen fiscal especial: eximiría del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los intereses y comisiones generados por los créditos del programa, con la condición de que el ahorro fiscal se traslade efectivamente a los beneficiarios mediante una reducción del costo financiero. Las entidades no podrían compensar esa exención aumentando tasas, seguros u otros cargos.
Para fundamentar la propuesta, Castro cita datos del Banco Central de la República Argentina. Según el proyecto, la morosidad de las financiaciones a familias pasó del 10,6% en enero de 2026 al 12,8% en mayo, impulsada principalmente por los préstamos personales. En el caso de los créditos no bancarios, la irregularidad en la compra de electrodomésticos habría alcanzado el 44,3% a nivel nacional en febrero de 2026.
En cuanto a Misiones en particular, el proyecto cita un informe de junio de 2026 basado en datos de la Central de Deudores del BCRA, según el cual el 30,5% de los deudores misioneros registra atrasos superiores a 90 días, por encima del promedio nacional estimado en 26,9%.
Se crearía además un Registro Provincial de Entidades Adheridas y el Ministerio de Hacienda debería presentar a la Cámara un informe semestral con datos sobre beneficiarios, montos refinanciados, tasas aplicadas, entidades participantes y recursos públicos destinados al programa.
El plazo para solicitar el acceso no podría ser inferior a 180 días corridos desde la implementación, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.
Con informacion de Primera Edicion.