El proyecto de Presupuesto 2027 de Misiones incluye una partida de $5.662.994.000 destinada a subsidiar organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades sociales, educativas o productivas. La previsión figura en el artículo 36 de la iniciativa que el gobernador Hugo Passalacqua remitió a la Cámara de Representantes.
La norma faculta al Poder Ejecutivo a distribuir esos recursos con imputación a partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Sin embargo, el texto no determina cuántas organizaciones serán beneficiadas, cuáles serán ni qué monto le corresponderá a cada una. El Presupuesto solo establece el techo global disponible y las tres finalidades habilitadas para otorgar los subsidios.
Dividido en doce meses, el monto equivaldría a unos $472 millones mensuales, aunque la ley no impone que los desembolsos se distribuyan de forma uniforme.
En términos relativos, los casi $5.663 millones representan el 0,23% del total de transferencias previstas y alrededor del 0,11% del Presupuesto provincial. El proyecto contempla gastos totales de $5.206 billones para 2027, de los cuales $2.432 billones —el 46,71%— corresponden al rubro Transferencias, una categoría que abarca recursos para organismos estatales, municipios, educación y programas sociales, entre otros destinos.
A modo de comparación, el proyecto reserva $7.062 millones para el Programa Hambre Cero, una cifra superior a la partida específica para ONG.
Las áreas de Salud, Educación y Bienestar Social concentran $3.277 billones, equivalentes al 62,95% de las erogaciones previstas. Salud contará con $1.249 billones, Cultura y Educación con $1.251 billones, y Bienestar Social con $776.421 millones.
El Ejecutivo justificó la estructura de gastos en la necesidad de sostener políticas provinciales ante la reducción o eliminación de programas nacionales en áreas como salud, educación, transporte e infraestructura.
De aprobarse el proyecto, el Gobierno dispondrá durante 2027 —año electoral— de esa suma para asistir a entidades privadas con fines sociales, educativos y productivos, con la selección de beneficiarios y la distribución de fondos quedando a cargo del Ejecutivo en la etapa de ejecución presupuestaria.
El mismo proyecto fija también límites salariales para el sector público. El artículo 27 establece que ningún funcionario o empleado de entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, entes reguladores y organismos similares podrá cobrar más del 90% del sueldo bruto de un ministro provincial. El tope aplica a la remuneración por todo concepto y será móvil según el salario ministerial vigente durante el año.
Además, se prohíbe que un agente perciba más que su superior jerárquico, con excepciones por antigüedad, y se fija un tope del 82% de la remuneración del Contador General de la Provincia para ciertos beneficios previsionales. Estas restricciones se enmarcan en la política de contención del gasto planteada por el Ejecutivo para el próximo ejercicio.
Con informacion de Primera Edicion.