Después de un cese total de actividades, los gremios y autoridades universitarias se reúnen hoy y mañana para definir las próximas acciones en el plan de lucha por el financiamiento universitario. El conflicto gira en torno al incumplimiento de la ley que establece la recomposición salarial del personal y la actualización de becas estudiantiles.
El detonante inmediato fue la última mesa paritaria, celebrada el martes. Desde la Intersindical Universitaria de Misiones señalaron que en esa instancia «el Gobierno nacional volvió a desconocer la Ley de Financiamiento Universitario», ya que la propuesta presentada «no contempla la pérdida salarial acumulada, tampoco la actualización y el blanqueo de la garantía salarial, ni siquiera se limita a reconocer la inflación de los últimos meses, ofreciendo un infundado 3% para septiembre».
En ese marco, el Frente Sindical Universitario Nacional, el CIN y la FUA se reúnen en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores para analizar la situación. El gremio CONADU ya anticipó que propondrá convocar a una quinta Marcha Federal Universitaria para fines de septiembre o principios de octubre.
La ley de financiamiento fue aprobada por insistencia en el Congreso y acumula cerca de 320 días de incumplimiento por parte del Ejecutivo, pese a que una medida cautelar vigente ordena su aplicación inmediata. «El Gobierno no puede seguir desconociendo una ley vigente hace más de 300 días», advirtió la Federación de Docentes de las Universidades.
En el plano judicial, el juez federal Martín Cormick rechazó el martes el segundo recurso presentado por el Poder Ejecutivo para suspender esa cautelar. Además, le otorgó al Gobierno un plazo de tres días para presentar un informe documentado sobre los avances en el cumplimiento de la norma.
La Subsecretaría de Políticas Universitarias había argumentado que la situación comenzó a regularizarse tras la firma de un acta acuerdo el 10 de junio, que incluía una suba salarial del 24,33%, partidas para hospitales universitarios, actualización de una línea de becas y reapertura de paritarias. Sin embargo, el magistrado consideró que el Estado no acreditó que esas medidas hayan resuelto el conflicto y advirtió que «subsiste el riesgo» de que el deterioro se profundice.
Con informacion de Primera Edicion.