El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, conducido por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto que enfrenta a Granja Tres Arroyos con sus trabajadores. La medida exige la reincorporación inmediata de los 1.200 operarios afectados por despidos y suspensiones en tres plantas de la empresa avícola.
El conflicto se agudizó el último domingo, cuando la firma comunicó la suspensión de sus actividades en la planta de Capitán Sarmiento «hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026». La decisión desencadenó una respuesta del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Stiapba) y de las familias afectadas, lo que llevó a la cartera laboral a convocar una audiencia de urgencia.
Desde el Gobierno provincial indicaron que la conciliación busca «garantizar la paz social y abrir una instancia de negociación entre las partes para avanzar hacia una solución al conflicto». Los trabajadores alcanzados por la medida son 700 en la planta de Capitán Sarmiento, 450 en el establecimiento de Esteban Echeverría y 50 en la fábrica de Pilar.
El impacto es especialmente severo en Capitán Sarmiento, una localidad de unos 15.000 habitantes donde el 80% del movimiento comercial depende de la actividad de la avícola. Ante la falta de respuestas de la empresa, los operarios y sus familias instalaron un acampe permanente frente al predio fabril, alarmados por el retiro de maquinarias alquiladas a terceros y el desmantelamiento de las oficinas del directorio.
Como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, el acta oficial estableció «la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta», que se haría efectivo en el transcurso de la próxima semana.
La empresa justificó la paralización a través de un comunicado interno en el que alegó que la detención de actividades obedeció a «la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento». Sin embargo, según denunciaron los trabajadores, los directivos retiraron las herramientas de las instalaciones y señalaron que «no quedó nada» en el establecimiento.
La próxima audiencia ministerial está prevista para el jueves, donde representantes gremiales y funcionarios municipales buscarán definir un esquema de reactivación que garantice los puestos de trabajo y evite el cierre definitivo de la firma.
Con informacion de Misiones Online.