El Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, decretó el 17 de abril la apertura del concurso preventivo del Sanatorio Posadas SA, en el marco del Expediente 203624/2025.
La sindicatura designada para supervisar el proceso es el estudio Bortoluzzi, Villamayor, Villamayor Nercolini, con sede en calle Suiza 2436 de esta ciudad. Los acreedores tienen plazo hasta el 15 de junio para verificar sus créditos ante ese estudio, en horario de 8 a 10 y de 16 a 20, de lunes a viernes.
El 20 de abril la resolución fue comunicada a diez juzgados civiles, comerciales y laborales de la provincia. Semanas después, el 11 de mayo, la jueza Fiori dispuso la inhibición general de bienes del sanatorio mediante oficios al Registro de Propiedad Automotor, al Registro de Propiedad Inmueble y a la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones.
El expediente, que tiene 4.408 páginas, detalla un deterioro económico que se extiende por años. En el primer semestre de 2023 el déficit operativo rondaba los 200 millones de pesos, con una capacidad instalada utilizada por debajo del 60%. Para el segundo semestre de ese año el déficit ya superaba los 700 millones.
En 2024 la situación siguió agravándose. Hasta julio de ese año, la deuda solo con la ANSeS por aportes de los trabajadores alcanzaba los 364 millones de pesos, mientras el déficit operativo superaba los 810 millones. Para noviembre, la deuda con el organismo previsional ya superaba los 790 millones.
En el primer semestre de 2025, el déficit operativo rondó los 616 millones de pesos y la ocupación de la capacidad instalada cayó al 50%, muy por debajo del piso del 75% que la conducción del sanatorio estima necesario para alcanzar rentabilidad.
En la presentación judicial, el directorio atribuyó la crisis a factores que, según indicó, afectan a todo el sector: aranceles prestacionales que no acompañaron la inflación, incremento de salarios y honorarios, presión impositiva, y aumentos desproporcionados en medicamentos, insumos y descartables. «Los ingresos no compensan los costos, pero aún a pérdida se sigue trabajando priorizando la mantención de la fuente de trabajo», señalaron en el expediente.
Entre los acreedores figuran médicos con facturas vencidas desde 2021, empresas de mantenimiento de ascensores, limpieza y seguridad, y la propia Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), a la que el sanatorio adeuda numerosas cuotas societarias.
La situación más urgente la viven los cerca de 150 trabajadores del establecimiento. A la fecha, todavía no cobraron íntegramente el sueldo de enero: recibieron el 75% en tres cuotas parciales —un 9%, luego un 39% y recientemente un 27%— y la conducción prometió cubrir el 25% restante en cuanto ingrese un pago de la obra social de jubilados y pensionados. A eso se suman los haberes de febrero, marzo y abril, aún sin fecha de pago.
Pese a la incertidumbre, los trabajadores no interrumpieron sus actividades ni realizaron paros. Semanas atrás decidieron hacer pública su situación para visibilizar el conflicto.
Con informacion de Primera Edicion.