El Gobierno nacional oficializó esta semana una reducción de más de $63.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud, a través de la decisión administrativa 20/2026. La norma dispuso un recorte del 2% para todas las áreas de la Administración Pública Nacional e impacta sobre programas de medicamentos, enfermedades transmisibles, tratamientos de alto costo y fondos girados a las provincias.
Según datos de Presupuesto Abierto, la cartera que conduce Mario Lugones tenía asignados originalmente $7,4 billones para 2026. Tras sucesivas modificaciones, el monto vigente había quedado en $6,66 billones, de los cuales hasta mediados de mayo se había ejecutado el 31,5%.
Desde el Ministerio sostuvieron que la decisión apunta a «priorizar prestaciones de mayor impacto» y «corregir estructuras que durante años funcionaron sin criterios claros de evaluación», con el objetivo de «ordenar la inversión sanitaria» y evitar superposiciones.
Uno de los recortes más significativos recae sobre el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, con una reducción de casi $20.000 millones. El presupuesto vigente para esa área quedó en $145.629 millones, aunque al mes de mayo la ejecución apenas superaba los $47.000 millones.
El área de tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo perderá $5.000 millones. De los $10.000 millones disponibles, hasta ahora solo se ejecutó el 6,2% del total.
Entre los subprogramas que dependen de ese bloque figuran el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, la Provisión de Medicamentos Esenciales, los Tratamientos para Patologías Especiales y de Alto Precio, la Asistencia al Paciente Trasplantado, la Provisión de Medicamentos por Orden Judicial y Amparos, la Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el programa de Uso Medicinal del Cannabis.
Rubén Torres, director del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA), advirtió que las jurisdicciones con menos recursos serán las más expuestas. «Lo que me preocupa son tres cosas: la desaparición del plan Remediar, que impacta de forma directa en el bolsillo de los más pobres; la disminución de los presupuestos para el Incucai, o sea para trasplantes, y en el área de cáncer, que se vincula a la compra de tratamientos de alto costo», señaló.
El programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrirá un recorte de $900 millones, en un contexto en que profesionales de la salud ya venían alertando sobre dificultades en la distribución de anticonceptivos y preservativos. El área de respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra perderá $800 millones.
También se verán afectados organismos descentralizados como la Sedronar, el Incucai, el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, este último creado en julio de 2025. Este organismo recibirá una reducción de $3.195 millones.
Desde la cartera sanitaria insistieron en que las prestaciones no serán suspendidas y que la estrategia se centra en optimizar compras y ordenar el sistema. Sin embargo, referentes del sector advierten que el impacto podría hacerse visible en los próximos meses, en el acceso a medicamentos, tratamientos y programas preventivos.