Cuatrocientos sesenta trabajadores de la empresa textil Alal siguen esperando el pago de sus indemnizaciones, cuatro meses después del cierre de las plantas ubicadas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco). El conflicto laboral, que comenzó a principios de año, no encuentra resolución y mantiene a cientos de familias en una situación de incertidumbre económica.
La firma anunció el cese de actividades el 25 de enero. En esa oportunidad, sus directivos explicaron que la decisión respondió a la apertura de importaciones, el aumento de los costos energéticos y la baja en el consumo, factores que habrían tornado insostenible la operación de las plantas.
Desde febrero, los trabajadores y sus familias realizan movilizaciones en ambas localidades para exigir el cobro de las sumas adeudadas. Las protestas continúan hasta hoy sin que haya una respuesta concreta por parte de la empresa.
La situación se complicó aún más cuando el expediente administrativo de Alal fue trasladado desde Corrientes hacia Santa Fe, donde se encuentra la sede central del holding y su planta de curtiembre. Ese movimiento generó nuevas demoras en el proceso de resolución.
Entre los afectados hay trabajadores en situaciones especialmente vulnerables. Uno de ellos describió su angustia: «Me faltaba poco para jubilarme, tengo más de 60 años y no consigo trabajo», lo que ilustra el impacto que el cierre tuvo sobre quienes estaban próximos al fin de su vida laboral activa.