El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado emitió dictamen sobre el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el oficialismo. El texto fue firmado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut, y será llevado al recinto en aproximadamente quince días, según anticipó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
El dictamen de mayoría obtuvo diez firmas en Asuntos Constitucionales y nueve en Legislación General. Convicción Federal —bloque con vínculo con los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán— presentó su propio despacho de minoría. Fuentes parlamentarias indicaron a la agencia Noticias Argentinas que el oficialismo buscará sumar voluntades de ese bloque antes de la sesión.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los límites nacionales para que extranjeros puedan adquirir tierras en el país. En su reemplazo, cada provincia quedará habilitada para establecer sus propias restricciones o condiciones para esas ventas. Bullrich señaló que esta decisión «apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros».
Sin embargo, desde Convicción Federal, la presidenta del bloque, Carolina Moisés, advirtió que «sobre la potestad que tienen las provincias sobre sus propias jurisdicciones no están diciendo nada nuevo ni que no esté en la Constitución», y agregó que, según el texto, «a las provincias les dan la facultad de decidir sobre las excepciones, pero a la vez debe autorizar el Poder Ejecutivo Nacional».
El texto prohíbe expresamente que estados extranjeros, organismos empresariales con participación estatal extranjera o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes de un estado extranjero puedan adquirir tierras en Argentina.
El proyecto también incorporó modificaciones respecto a los desalojos. Se estableció un régimen exprés únicamente para casos de usurpación, mientras que en los demás supuestos se amplió el plazo de intimación al inquilino moroso de cinco a diez días hábiles. La notificación podrá dirigirse al domicilio real o electrónico consignado en el contrato, y se considerará válida incluso si el locatario se negara a recibirla o no pudiera concretarse por causas imputables a él. Ante el incumplimiento, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto en cada jurisdicción.
Otros cambios incluidos en el dictamen son la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés concreta y la exclusión del capítulo referido al RENAVAP —registro de barrios populares— para tratarlo en una ley separada. Bullrich explicó que «los cambios surgieron de los aportes realizados tanto por expositores como por senadores de distintos bloques».
El bloque radical acompañó el dictamen. Su presidente, Eduardo Vischi, sostuvo que «muchas de las modificaciones que leyó la senadora Bullrich son propuestas que habíamos hecho nosotros como bloque» y aclaró que el partido «también está abierto a que hasta llegar al recinto se puedan ir sumando nuevos cambios». Sobre la regulación provincial de tierras, Vischi indicó que «no es una contradicción que se pueda habilitar a que cada provincia haga una reglamentación especial respecto de la compra de bienes rurales por extranjeros».
Desde el peronismo, la senadora Jimena López rechazó la dinámica del debate: «Nos están haciendo circular un dictamen con varias modificaciones y sin tiempo para poder analizarlo», y propuso «una nueva reunión de la comisión hasta tanto cada senador haya analizado el proyecto y no firmar un dictamen en el aire».
El ex gobernador Jorge Capitanich, por su parte, planteó que «la Ley 26.815 de Manejo del Fuego debe ser congruente con la Ley 25.675 General del Ambiente y con el Acuerdo de Escazú», y sostuvo que el capítulo sobre ese tema incluido en el proyecto debería someterse a audiencias públicas.
Con informacion de Primera Edicion.