Este jueves 21 de mayo, a partir de las 11 horas, representantes del sector yerbatero de Misiones y Corrientes participarán de una reunión convocada por la Comisión de Economía —presidida por Julia Strada— y la Comisión de Economías Regionales, a cargo de Luis Basterra. El eje central será la restitución de las facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia a la materia prima.
El encuentro reúne a un amplio abanico de actores de la cadena productiva: entre los expositores figuran el presidente del INYM, Rodrigo Correa; el titular de FEDECOOP, Edgar Gustavo Hein; la secretaria general del SUOR, Ana Cubilla; el economista y exrector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari; y productores de distintas localidades misioneras, además del intendente de Concepción de las Sierras, Hugo Marcelo Humeniuk, y el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social.
La convocatoria se da en un contexto de fuerte tensión en el sector. Según los participantes del encuentro, el DNU 70/2023 eliminó la capacidad del INYM para fijar precios de referencia, desprotegiendo a los productores primarios frente a la industria.
Gortari, en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, señaló que «el Congreso aprobó la ley del INYM dándole la potestad de fijar un precio de la materia prima cada seis meses», pero que «esa potestad la descartó un decreto del Poder Ejecutivo Nacional».
El economista advirtió además sobre la concentración del mercado: «Cuatro empresas manejan el 50% de la comercialización de la yerba mate, lo que claramente genera una posición dominante en el mercado». Y alertó sobre las consecuencias sociales: esta situación «está generando mucha pobreza en el sector primario» y, a largo plazo, «va a generar venta de chacra y éxodo de la población rural hacia las ciudades».
Los números dan cuenta de la magnitud del problema: los productores perciben alrededor de $220 por kilo de hoja verde, mientras que el costo de producción estimado ronda los $424. Esa brecha obliga a trabajar a pérdida, con pagos en cuotas y cheques rechazados como moneda corriente. La situación ya derivó en protestas, acampes y medidas de no cosecha en distintas zonas de la provincia.
Sobre las perspectivas del sector, Gortari planteó que «en el corto plazo el INYM permitía mantener la rentabilidad del pequeño productor», pero sostuvo que «se necesita una política con proyección de 40 a 50 años», que combine regulación con estrategias de exportación.
Con informacion de Primera Edicion.