La crisis de la yerba mate llegó este jueves a la Cámara de Diputados de la Nación. Las comisiones de Economía y de Economías Regionales celebraron un extenso plenario en la Sala 1 del Anexo donde productores, trabajadores rurales, cooperativistas, intendentes, legisladores y autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) expusieron posturas completamente opuestas sobre las consecuencias de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional mediante el DNU 70/2023.
El eje del debate fue si el INYM debe recuperar la facultad de fijar precios mínimos o si el libre mercado es el camino correcto para el sector. Las intervenciones combinaron datos económicos, denuncias sobre concentración empresarial y advertencias por el impacto social en Misiones.
Uno de los testimonios más duros fue el de Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales. Con una planta de yerba en la mano para graficar el esfuerzo de la cosecha, la dirigente describió una crisis que según ella ya empuja a los tareferos a emigrar. «Nos estamos yendo todos del país. Estamos yendo a otro lugar, a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas», advirtió.
Cubilla explicó que los trabajadores cobran por tonelada cosechada, pero que alcanzar los mil kilos diarios es prácticamente imposible. «Si a mí me están pagando 50 mil pesos por día, yo no estoy ganando 50 mil pesos por día porque es imposible que un trabajador haga los mil kilos de hoja verde por día», afirmó. Según relató, la mayoría apenas completa la mitad de esa carga. Vinculó la situación directamente con la desregulación: «A partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas», sostuvo, y alertó que familias enteras migran durante meses a Brasil y que «se destruye la familia» en ese proceso.
El productor Ángel Ozeñuk, referente del norte misionero, defendió el rol histórico del INYM y cuestionó que herramientas centrales de regulación hayan sido eliminadas por decreto. «No se puede pasar por alto una ley», afirmó en referencia a la norma que creó el organismo, y sostuvo que cualquier modificación debía hacerse «por algo superior, no inferior».
Para ilustrar el deterioro de la rentabilidad, Ozeñuk comparó la situación actual con la de 2023: mientras entonces un productor necesitaba dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil, hoy necesita once kilos y medio. Denunció además una fuerte concentración económica y habló de «un monopolio yerbatero». «Mientras eso ocurra, va a desaparecer el pequeño productor, las pequeñas cooperativas y los pequeños molinos», alertó.
La postura contraria la sostuvo Rodrigo Correa, presidente del INYM, quien realizó una defensa integral de la desregulación y cuestionó el funcionamiento previo del organismo. «Nos encontramos con un organismo sobredimensionado en todas sus áreas y capturado por la inercia burocrática», afirmó. Señaló que entre 2020 y 2023 la planta de personal creció un 40% y que no existían controles operativos claros. Correa destacó que la gestión actual redujo cargos y gastos internos.
Su argumento central fue la defensa del libre mercado. «El precio regulado operó históricamente como un impuesto invisible al consumo», sostuvo, y agregó que tras la eliminación de los valores mínimos el precio de la yerba en góndola cayó un 46%. También afirmó que «es fundamental desarmar la retórica populista de que la regulación protegía al más débil» y fue categórico ante los diputados: «El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios».
Esas declaraciones generaron respuestas inmediatas. El diputado provincial del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, describió el mercado yerbatero como un «oligopsonio», donde pocos compradores concentran la demanda y condicionan los precios que perciben miles de pequeños productores. Recordó que el 90% de los productores tiene menos de 30 hectáreas, mientras las principales empresas concentran cerca del 40% del mercado. «Al productor le pagaron con cheques a 30, 60, 90 y hasta 120 días», denunció, y aclaró que el precio fijado por el INYM «no era un techo, era un piso».
El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad también defendió el rol del instituto y advirtió sobre las consecuencias económicas de la crisis en Misiones. «Estamos ante un problema serio», sostuvo, y cuestionó que el organismo haya permanecido más de dos años sin conducción efectiva. Recordó además que el INYM no genera déficit al Estado porque se financia con recursos propios. Según estimaciones que presentó basadas en datos oficiales, el sector productivo podría sufrir pérdidas cercanas a los 640 mil millones de pesos durante la zafra 2025-2026.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Diego Hartfield respaldó la desregulación y sostuvo que el problema del sector no fue generado por el DNU sino por años de intervención estatal. «Nosotros justamente creemos que fue la regulación del precio el problema», afirmó, citando informes de Defensa de la Competencia de 2017 que, según él, muestran que los precios mínimos incentivaron sobreproducción y distorsiones de mercado. Hartfield reconoció la gravedad de la situación de productores e industrias, aunque insistió en que la salida no pasa por volver a fijar precios.
El productor correntino Gustavo Quatrin, vinculado a Playadito, admitió que los valores actuales «son precios de abandono», aunque rechazó la intervención estatal en la fijación de precios. «La solución está en el mercado», afirmó.
Con informacion de Primera Edicion.