El sector de transporte para personas con discapacidad volvió a reclamar por su situación económica. Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas Especiales de Santa Fe (ATRAES), cuestionó los aranceles establecidos por el Gobierno nacional y aseguró que «siguen por debajo de la realidad».
En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, Bolego explicó que históricamente el valor del kilómetro recorrido equivalía al 80% del precio de un litro de combustible, una ecuación que, según sostuvo, se rompió desde el inicio de la actual gestión.
«En diciembre de 2023 el arancel por kilómetro recorrido estaba en 272 pesos con un combustible de 300 o 328 pesos. Hoy tenemos un arancel de 800 y pico, pero el combustible supera los 2.500 pesos», detalló el dirigente.
Según Bolego, ese desfasaje generó «un deterioro permanente de las camionetas» y una reducción de prestadores. «Hay compañeros y compañeras transportistas que deciden dejar de brindar servicios y una sangría de trabajadores que ya no podemos frenar», remarcó.
El referente de ATRAES también denunció que el Gobierno nacional «insiste en no cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad», aprobada por el Congreso y luego vetada por el Ejecutivo. «Tuvimos que trabajar fuertemente para lograr la ley, primero en Diputados y luego en Senadores. El presidente decidió vetarla y aun así volvimos a conseguir apoyo en ambas cámaras. Sin embargo, el Gobierno no quiere cumplirla», cuestionó.
Bolego señaló que los incrementos arancelarios mensuales intentan seguir la inflación medida por el INDEC, pero que eso tampoco alcanza para compensar los costos reales del sector.
El dirigente también apuntó contra iniciativas oficiales vinculadas al control de pensiones por invalidez laboral. «Se estigmatiza permanentemente a las personas con discapacidad, se habla de fraude y de pensiones truchas, cuando nada de eso se puede comprobar en la Justicia», afirmó. Y agregó: «Nos damos cuenta de que se trata de un modus operandi para llevar adelante un claro ajuste al sector».
En otro tramo de la entrevista, hizo referencia a un fallo del Tribunal Federal 3 de Córdoba que ordenó al Estado regularizar pagos vinculados a prestaciones para beneficiarios de PAMI e Incluir Salud. «El fallo dice claramente que el daño que se le produce a las personas con discapacidad es irreparable. Se rompió la cadena de pagos y los atrasos son enormes», sostuvo.
Bolego también puso el foco en las consecuencias sociales del conflicto. «Muchos chicos y chicas asisten a centros terapéuticos donde reciben la única comida del día. Por eso esto no es solamente un trabajo: también hay un compromiso social enorme», expresó.
Respecto al presupuesto del área, cuestionó lo que describió como subejecución: «El año pasado se devolvieron 30 mil millones de pesos al Tesoro Nacional. Lo hicieron para mostrar equilibrio fiscal, pero creemos que con las personas con discapacidad no».
Finalmente, convocó a la dirigencia política y a la sociedad a sostener el reclamo. «La discapacidad es un tema transversal. Tenemos que trabajar juntos para recuperar ese contrato social que nunca debimos haber perdido», cerró.
Con informacion de Primera Edicion.