El mercado laboral argentino atraviesa una transformación que los números empiezan a hacer difícil de ignorar. Mientras el Gobierno nacional destaca la desaceleración de la inflación y el ordenamiento fiscal, el empleo formal retrocede y crece un universo de trabajadores que subsisten por fuera de cualquier registro.
El informe «Derrame invertido: la cascada regresiva», elaborado por Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, detalla ese proceso con precisión. Según el estudio, nueve de cada diez puestos de trabajo generados en los últimos dos años son precarios: sin relación de dependencia, sin cobertura social y con ingresos muy por debajo del empleo registrado.
«No hay creación de empleo genuino; hay sustitución de empleo de calidad por ocupaciones de subsistencia», concluyen los investigadores.
Entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, el saldo neto de empleo fue casi neutro. Pero detrás de esa aparente estabilidad ocurrió un reemplazo: desaparecieron más de 253 mil puestos asalariados formales y surgieron casi 289 mil nuevos trabajadores cuentapropistas de baja calificación. De cada diez empleos creados, siete corresponden a cuentapropistas precarios y tres a monotributistas. El empleo asalariado registrado prácticamente no creció.
En nueve años, la participación de los asalariados formales en el total de inserciones laborales cayó del 50% al 46%, el nivel más bajo desde que existen registros comparables.
El segmento que más creció desde la llegada de Javier Milei al poder es el de los «cuentapropistas de baja calificación»: 2,6 millones de personas. El 61% son varones, el 51% son jefes o jefas de hogar y casi la mitad vive en el conurbano bonaerense. El 47% no completó el secundario. La mayoría trabaja en comercio y construcción, con actividades como la venta ambulante y pequeños oficios.
Los ingresos de ese sector son insuficientes incluso para quienes trabajan muchas horas. El 44% está sobreocupado —más de 45 horas semanales— y el 33% subocupado. En promedio, perciben alrededor de 720 mil pesos mensuales, un 45% menos que un trabajador formal. El 86% no supera la Canasta Básica Total y el 42% no alcanza siquiera el valor de la Canasta Alimentaria. El 73% trabaja completamente por fuera de cualquier registro legal, sin aportes jubilatorios ni obra social.
Los salarios formales tampoco escapan al deterioro. Según el INDEC, en marzo los salarios registrados crecieron 3% frente a una inflación mensual del 3,4%. Los trabajadores del sector privado registrado acumulan así siete meses consecutivos de caída en términos reales. En el primer trimestre de 2026, los salarios formales aumentaron 7% mientras la inflación acumuló 9,4%; en términos interanuales, el índice salarial avanzó 28,1% contra un IPC del 32,6%.
Desde Estudios Económicos del Banco Provincia señalaron que el salario privado registrado perdió 1,3% de poder adquisitivo solo en marzo y acumula un deterioro cercano al 6% respecto del promedio de 2023. «La desaceleración inflacionaria no trae una mejora del salario real. Por el contrario, ambas variables están conviviendo con caída del poder adquisitivo», advirtieron. El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, describió esta racha como la peor desde la asunción de La Libertad Avanza.
La percepción de los propios trabajadores acompaña esos datos. Un relevamiento de Bumeran indica que el 87% considera que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas y el 74% siente que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. El 73% afirma que el salario le dura menos de dos semanas; dentro de ese grupo, el 28% reconoce que al cobrar destina todo el ingreso a pagar cuentas acumuladas. Nueve de cada diez personas señalan que no logran ahorrar y el 77% reconoce tener algún tipo de endeudamiento.
«Hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad», sostuvo Federico Barni, CEO de Bumeran.
Con informacion de Primera Edicion.