El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que las aperturas de concursos preventivos crecieron más del 130% en el último año solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y proyectó que 2026 podría superar los registros alcanzados durante la pandemia.
Ante ese panorama, Rosato reclamó una intervención urgente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, y exigió al Congreso que trate y apruebe «en lo inmediato» un proyecto de ley de emergencia económica para frenar el cierre masivo de empresas.
«Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción», sostuvo Rosato.
Según un documento elaborado por el área legal de la entidad, entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país. El informe señala que esa pérdida de unidades productivas dejó a 327.813 trabajadores sin cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
El texto también advierte sobre un proceso de desinversión que se tradujo en una pérdida neta de inversión extranjera directa con un saldo negativo que el IPA califica como «histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años».
En ese marco, desde la entidad explicaron que varias multinacionales abandonaron el país, mientras que otras empresas locales optaron por reconvertirse: «se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores».
Para IPA, la salida pasa por una legislación de emergencia que otorgue tiempo a las pymes para recuperar capital de trabajo positivo, es decir, lograr que «el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción».
Sin embargo, el documento aclara que esa herramienta legal no alcanzaría por sí sola: «la espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo».