La reforma de la Ley de Salud Mental 26.657 avanza en el Senado nacional, donde el oficialismo busca el dictamen favorable esta semana. El proyecto introduce cambios en los criterios de diagnóstico, las condiciones de internación y el sistema de atención, y flexibiliza las internaciones involuntarias ampliando los criterios de riesgo y reservando al médico psiquiatra la facultad de ordenarlas en casos excepcionales.
Más allá del debate entre psicólogos y psiquiatras, el psicólogo y psicoanalista Carlos Trujillo advirtió que el fondo del problema es otro. «Poner a psicólogos contra psiquiatras es un intento de polarizar la discusión para ocultar lo importante, que en realidad está detrás de esa discusión: la cuestión técnica, territorial y presupuestaria», señaló en diálogo con Primera Edición.
Trujillo apuntó que Argentina cuenta con entre 4.000 y 7.000 psiquiatras, casi todos concentrados en las capitales provinciales. En términos concretos, eso representa entre 1 psiquiatra cada 6.428 habitantes y 1 cada 11.250, según el total que se tome como referencia.
El impacto en Misiones es directo. Según datos del Colegio de Médicos de la provincia, hay 75 psiquiatras en el territorio, de los cuales 63 están radicados en Posadas. De ese total, alrededor de 35 trabajan en el sistema de salud pública y apenas 3 realizan guardias.
«Si solo el psiquiatra tiene la potestad para firmar una internación, la persona que está en Colonia Liebig o cualquier otro lugar del interior tendrá que esperar la agenda del psiquiatra», advirtió Trujillo. Explicó que con la ley vigente, un equipo de al menos dos profesionales puede intervenir, y uno de ellos puede ser un psicólogo, que está habilitado para diagnosticar una descompensación psicótica. «Si se reforma la ley tal como dice el proyecto, esa persona dependerá de la agenda del psiquiatra que está en otra ciudad… esto complica mucho más el acceso directo de la persona en estado de crisis», argumentó.
Pero el punto que el especialista considera más relevante y menos discutido es el financiero. La Ley 26.657 establece que el Estado nacional debe ser el principal responsable presupuestario del sistema, con una asignación que debería alcanzar al menos el 10% del presupuesto total de salud. Sin embargo, según Trujillo, «desde su implementación en 2010, la Nación nunca cumplió más del 1 o 2% del presupuesto de Salud para Salud Mental».
El proyecto de reforma, según su análisis, va más lejos: eliminaría el compromiso financiero explícito del Gobierno nacional y lo reemplazaría por una vaga «cooperación» de alcance indeterminado, dejando la carga presupuestaria en manos de cada provincia.
«Tenemos que hacer entender a los legisladores de las provincias que lo que votarán no es ‘psiquiatras contra psicólogos’, sino que el avance de esto implicará que las provincias tengan que poner más dinero y que tendrán que velar por esas personas que quedarán en situación de abandono», planteó Trujillo.
El especialista también señaló las consecuencias acumuladas de 16 años de incumplimiento presupuestario: no se abrieron nuevos dispositivos territoriales, las internaciones están saturadas, el tratamiento ambulatorio no se fortaleció como la ley preveía, y los profesionales acusan el desgaste. A esto se suman nuevas patologías y el recrudecimiento de otras, como las adicciones, las ludopatías y las adicciones a las tecnologías.
«Son muchas cosas que nos señalan la necesidad de aggiornar la ley a las nuevas presentaciones de malestar subjetivo, pero no hacer un retroceso a pensar que solamente con la firma del psiquiatra, o que cada provincia puede financiar su salud mental en forma total», enfatizó.
Para Trujillo, la pregunta de fondo no debería ser quién tiene autoridad en salud mental, sino «qué dispositivos existen antes de que todo estalle, qué equipos sostienen una crisis, qué recursos tienen las provincias, qué responsabilidad asume el Estado nacional».
Con informacion de Primera Edicion.