El 9 de julio de 1816, un martes, los 29 diputados reunidos en el Congreso de Tucumán aprobaron por aclamación la declaración de independencia de las Provincias Unidas en Sud América, poniendo fin a la condición colonial respecto de España.
La sesión fue presidida por el sanjuanino Narciso Laprida. El secretario Juan José Paso fue quien formuló la pregunta a los congresales: si querían que las provincias fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. La respuesta fue unánime. Entre los gritos y vivas del público presente, los diputados fueron estampando sus firmas en el acta.
El documento expresa que es «voluntad unánime e indubitable de estas Provincias, romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli». El 21 de julio se le añadió la frase «y toda otra dominación extranjera».
La moción había sido impulsada a pedido del diputado jujeño Sánchez de Bustamante, quien propuso tratar el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país.
En el Congreso tuvieron representación Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Santiago del Estero, además de regiones que hoy integran Bolivia, como Charcas, Chichas y Mizque.
El acta original, asentada en el libro de sesiones del Congreso, se ha perdido. Algunos historiadores sostienen que fue depositada en 1820 en la Legislatura de Buenos Aires y que luego fue sustraída. Lo que se conserva en el Archivo General de la Nación es una copia realizada a fines de julio de 1816 por el secretario Serrano.
La fecha tuvo un recorrido institucional particular. En 1826, el presidente Bernardino Rivadavia ordenó que el 9 de julio se conmemorase junto al 25 de mayo, argumentando que la repetición de festejos generaba perjuicios al comercio y la industria. Años después, Juan Manuel de Rosas revirtió esa decisión: mediante un decreto del 11 de junio de 1835, dispuso que el 9 de julio se celebrase con los mismos honores que el 25 de mayo.
La casa donde se firmó el acta pertenecía a Francisca Bazán de Laguna, tucumana nacida alrededor de 1740 y descendiente del conquistador Juan Gregorio Bazán. La propiedad, construida hacia 1760, le fue entregada como dote por su padre cuando se casó con el español Miguel de Laguna en 1762.
Tras la Batalla de Tucumán, en septiembre de 1812, el gobierno alquiló la vivienda a Juan Venancio Laguna, hijo de Francisca, para usarla como alojamiento de tropas, almacén de guerra y aduana. La familia debió mudarse a una propiedad contigua.
Cuando se resolvió que el Congreso sesionaría allí, el gobierno acondicionó el inmueble a partir de febrero de 1816. Según comprobantes de pago conservados en el archivo histórico local, el frente fue pintado con cal y las aberturas con azul prusiano, en referencia a los colores de la bandera. Los historiadores señalan que en 1816 las paredes no eran amarillas ni las aberturas verdes, como suele representarse.
Para ampliar el salón de deliberaciones, se demolió una pared de adobe en uno de los comedores. También se repararon techos, se construyeron letrinas y se incorporaron más muebles. Las deliberaciones del Congreso habían comenzado el 24 de marzo; los diputados se alojaron en casas de familias cercanas.
La independencia fue declarada a las 15 horas de aquel martes. La casa mantuvo su fisonomía de 1816 hasta 1941, cuando el arquitecto Mario Buschiazzo lideró un proyecto de reconstrucción que fue inaugurado oficialmente en 1943.
Con informacion de Primera Edicion.