Cuatro meses después del cierre definitivo de la textil Alal, más de 460 familias permanecen sin cobrar sus indemnizaciones. Se trata de alrededor de 260 trabajadores de Goya, Corrientes, y otras 200 de Villa Ángela, Chaco, que desde el 25 de enero de 2026 quedaron sin trabajo cuando la empresa cerró sus plantas de un día para el otro.
La compañía justificó el cese de operaciones en una combinación de factores que viene golpeando al sector textil: apertura de importaciones, caída del consumo interno y aumento de los costos energéticos.
En un primer momento, los trabajadores de Goya habían obtenido una medida favorable: la Justicia Laboral de Corrientes ordenó embargos preventivos sobre bienes de Alal para garantizar al menos el 50% de las indemnizaciones. Pero la apertura de un concurso preventivo de acreedores por parte del holding en los tribunales de Reconquista, Santa Fe —donde la firma tiene su sede administrativa— dejó esos embargos sin efecto y trasladó todo el expediente a esa jurisdicción.
El cambio de jurisdicción implica comenzar desde cero. Los exempleados deben volver a autenticar sus firmas y presentar toda la documentación ante la sindicatura santafesina para verificar sus créditos. El plazo vence el 28 de mayo, pero la resolución del concurso preventivo podría extenderse hasta abril de 2027.
En Goya, donde Alal era uno de los principales empleadores privados, el impacto social es profundo. «Ya no sé qué hacer, la situación económica está mal. Me faltaba poco para jubilarme y tengo más de 60 años, no consigo trabajo en ningún lado», expresó uno de los trabajadores damnificados, que refleja la situación de muchos operarios de mayor antigüedad.
Mientras el proceso judicial avanza a cientos de kilómetros, en el interior correntino crecen la urgencia económica y el malestar de cientos de familias que pasaron de tener empleo industrial a engrosar las listas de desocupados de la región.
Con informacion de Misiones Online.