El Gobierno Nacional impulsó un decreto para permitir que talleres privados realicen la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo declarado de aumentar la competencia y bajar costos. Sin embargo, la iniciativa choca con un obstáculo legal de fondo: la VTV para vehículos particulares es una potestad provincial o municipal, no nacional, por lo que cada jurisdicción puede adherir o rechazar la medida.
Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, analizó la propuesta y la calificó como cargada de voluntarismo. En diálogo con Santa María de Las Misiones, señaló que aumentar la cantidad de oferentes podría ser positivo en términos de competencia, pero advirtió que eso no resuelve el problema central: la calidad de las inspecciones.
«Si partimos de la premisa que hoy no se hace bien, ¿qué nos hace pensar que habiendo más jugadores se va a hacer bien? Hoy la calidad de las inspecciones, hay honrosas excepciones que lo podrán hacer muy bien, pero lo que es hasta a nivel personal, lo que yo veo cuando hago la verificación de los vehículos de mi vehículo, el vehículo de la empresa, dejan bastante que desear, o sea, son incompletas, no se hacen, no se les presta la atención que se tienen que prestar a ciertas cuestiones», afirmó Pons.
El especialista informó que la provincia de Buenos Aires ya anticipó que no se adherirá al decreto, mientras que Mendoza anunció que sí lo hará. En ese marco, señaló que la apertura real del mercado también dependerá de la ecuación económica: el monto de inversión necesario y la cantidad de vehículos que cada taller pueda absorber condicionarán cuántos nuevos actores ingresen efectivamente.
Otro punto que Pons planteó como riesgo concreto es el de los seguros. «Si después yo voy a un taller de cualquier lugar del país que no es de mi jurisdicción, en una provincia donde yo tengo radicado mi vehículo que no reconocen esa verificación, puedo llegar a tener un problema importante en ese sentido», advirtió, en referencia a posibles inconvenientes con las aseguradoras ante un accidente.
El experto también cuestionó la lógica de exigir vehículos en condiciones óptimas mientras el estado de rutas y calles del país es deficiente. «El Estado que me debe brindar una infraestructura no me la brinda y después se pone del otro lado del mostrador y me exige que mi vehículo esté impecable como si circulara por autopistas alemanas. Entonces, eso molesta mucho a la gente», sostuvo.
Sobre el marco legal, Pons fue enfático: «Constitucionalmente el tránsito nunca fue delegado de las provincias a la Nación. Sigue estando en manos de las provincias y más precisamente de los municipios». A la vez, advirtió que no sería deseable un esquema de «falso federalismo» donde cada provincia fije sus propias exigencias para no perder un negocio, en lugar de adoptar estándares comunes a nivel nacional.
Una de las críticas más contundentes de Pons apuntó a la falta de datos. «En Argentina, una de las mayores falencias que tiene a nivel seguridad vial es que no tenemos estadísticas valederas», señaló, y agregó que no existe evidencia estadística que permita medir cuánto impacto real tiene la VTV en la reducción de siniestros.
Como posición de síntesis, el especialista planteó que la competencia en precios no es negativa en sí misma, siempre que se garantice un estándar estricto de calidad, se realicen controles sorpresa y se establezca la obligatoriedad de una nueva verificación tras siniestros de importancia.
Con informacion de Misiones Online.