El exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó bajo prohibición de salir del país sin autorización previa del juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre él.
La medida surge de un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien descartó riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, pero solicitó que Adorni notifique cualquier viaje con anticipación para que la Justicia «evalúe la pertinencia y razonabilidad». Lijo acogió ese pedido y aplicó así la primera restricción desde la apertura del expediente.
La restricción alcanza únicamente a Adorni y no a su esposa, Bettina Angeletti, quien también está bajo investigación.
Los denunciantes, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, habían reclamado la detención del exfuncionario o, en forma alternativa, la prohibición de salida y la retención del pasaporte. El fiscal y el juez rechazaron ambos planteos. Pollicita consideró que Adorni no incurrió en «reparos innecesarios» ni «dilaciones» que afecten el trámite.
Previo a la resolución, Adorni presentó un escrito a través de su abogado Matías Ledesma en el que aseguró que permanece en el país y no tiene planes de cruzar la frontera en el corto plazo. Versiones periodísticas habían señalado que planeaba mudarse a Uruguay tras dejar el Gabinete.
El fiscal también evaluó las conversaciones que Adorni mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de que este declarara. Según Pollicita, ese contacto no constituyó un obstáculo para la investigación: «Precisamente fue ese testigo el que más lo complicó», sostuvo, al señalar que Adorni no influyó en su testimonio ni lo hostigó. Tabar es quien realizó obras en la casa del exfuncionario en el country Indio Cuá, donde Adorni habría gastado al menos 245 mil dólares.
Además, el fiscal ponderó que Adorni no tiene antecedentes penales, que mantiene bienes en el país y que reside con su familia, factores que reducen el peligro de fuga invocado por los denunciantes.
La causa entra ahora en una etapa central. En las próximas semanas, Adorni deberá responder formalmente en Comodoro Py a un requerimiento de justificación patrimonial elaborado a partir de un informe de la DAFI. Ese documento determinará si existen inconsistencias en su fortuna y podría estar listo antes de la feria judicial de invierno.
El requerimiento será la primera oportunidad formal para que Adorni acredite el origen legal de su patrimonio. En declaraciones públicas, el exfuncionario afirmó que contaba con 500 mil dólares en negro provenientes de criptomonedas, aunque esa versión aún no fue verificada. Si no logra despejar las sospechas, la siguiente instancia sería una indagatoria.
Esta semana declararon los últimos testigos convocados en la causa. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, empleados de la Vocería Presidencial, admitieron haber prestado su nombre o sus tarjetas de crédito para realizar compras millonarias de Adorni. Según la investigación, esa maniobra habría servido para ocultar gastos que el exfuncionario no podía justificar con sus ingresos legales.