Un informe de Reporte Inmobiliario ubicó a Posadas entre las diez ciudades del interior argentino con los alquileres más altos: un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $871.665 mensuales, y uno de tres ambientes ronda $1.280.000. Pero para Adrián Torres, titular de la Asociación de Inquilinos de Misiones, el dato de precio nominal no alcanza para entender la dimensión real del problema.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Torres señaló que el nivel salarial promedio en Posadas está por debajo del de Buenos Aires, Córdoba o las provincias patagónicas. A partir de ese contraste, sostuvo que si se midiera la proporción del sueldo que debe destinarse al alquiler, la capital misionera podría trepar a los primeros puestos del ranking. «Si hacemos un promedio entre el poder adquisitivo del trabajador de Posadas o de Misiones y el del resto del país, creo que estaríamos a la cabeza con el alquiler más caro», planteó.
Desde la Asociación estiman que muchos alquileres en la ciudad se ubican entre $700.000 y $800.000, valores que según Torres resultan más difíciles de absorber con los ingresos locales que montos similares o superiores en otras regiones del país donde los salarios son más altos.
Las consecuencias, describió, ya se reflejan en decisiones concretas de las familias. Algunas abandonan departamentos de dos o tres ambientes para reducirse a monoambientes, lo que genera hacinamiento y pérdida de privacidad. Otras se trasladan a barrios periféricos o directamente a Garupá, a entre 18 y 25 kilómetros de sus lugares de trabajo o estudio, lo que implica mayor gasto en transporte, más tiempo de viaje y dificultades para acompañar la escolaridad de los hijos. «Tener un techo es necesario, elemental y básico para el desarrollo de cualquier familia. No se puede vivir debajo de un puente, en una carpa o a la intemperie», afirmó Torres.
En casos más extremos, indicó, hay personas que regresaron a vivir con padres o abuelos —lo que el dirigente llamó «cooperativismo familiar», aunque advirtió que muchas veces deriva en convivencia forzada— o que directamente volvieron a localidades del interior provincial donde los valores son más accesibles. También mencionó trabajadores que habrían renunciado a sus empleos por no poder sostener simultáneamente el alquiler y los gastos de vivir en Posadas.
Además del precio, Torres señaló que las condiciones de acceso al mercado formal constituyen otro obstáculo. Algunos propietarios exigen recibos de sueldo superiores a $1,5 millones y la presentación de uno o dos garantes con ingresos registrados, requisitos que según afirmó quedan fuera del alcance de más de la mitad de la población. Esa situación, indicó, habría impulsado el crecimiento del mercado informal de alquileres.
El referente también cuestionó la inestabilidad de los contratos actuales: ajustes trimestrales, acuerdos de apenas seis meses y propietarios que no aceptan comprometerse por más de un año. «Imaginate decir: ‘Voy a alquilar por seis meses y no sé qué va a pasar en el séptimo'», ejemplificó. Para Torres, esa incertidumbre impide que una familia pueda planificar la escolaridad, establecerse en un barrio o proyectar sus gastos con cierta previsibilidad.
En ese marco, el dirigente cuestionó la derogación de la Ley de Alquileres y afirmó que no produjo los beneficios anunciados para los inquilinos. Sostuvo que, pese al aumento de propiedades disponibles en el mercado, los valores no bajaron, lo que a su entender evidencia un componente especulativo que va más allá de la simple relación entre oferta y demanda. También afirmó que la inflación de los alquileres duplica la inflación media y defendió la necesidad de una regulación estatal. «Quedó perfectamente demostrado que la derogación de la ley no benefició al inquilino», sentenció, y agregó que «con el mercado regulado las cosas funcionan mejor».
Con informacion de Primera Edicion.