La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley 6961, que modifica el Código Contravencional y endurece las sanciones contra los llamados «trapitos» y limpiavidrios. La reforma, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, habilita detenciones de entre 10 días y 2 meses de cárcel, eleva las multas y establece sanciones para clubes y organizaciones vinculados a estas prácticas. Obtuvo 36 votos afirmativos con apoyo de legisladores de distintas fuerzas políticas.
Macri celebró la sanción en sus redes sociales con un mensaje directo: «Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden».
El jefe de Gobierno también cuestionó las gestiones anteriores, que solo aplicaban multas económicas: «Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso». Sobre las multas anteriores, sostuvo: «¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía».
La nueva normativa diferencia las penas según la situación. Quienes cuiden autos de manera ilegal en la vía pública recibirán entre 10 y 30 días de detención. En eventos masivos, cuando se acredite organización previa o la existencia de bandas, la pena será de 20 a 50 días. Los jefes u organizadores de estas redes podrán ser detenidos hasta 60 días. En casos de violencia, acoso o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor, las sanciones se duplican.
Las multas se incrementan de forma significativa: el nuevo piso arranca en $1.139.988 (equivalente a 1.200 unidades fijas), frente al rango anterior de $50.000 a $285.000. Los días de trabajo comunitario también aumentan, de un rango de 2 a 20 días a uno de 20 a 45 días.
La ley amplía el radio de control hasta 50 cuadras alrededor de cualquier evento realizado en la Ciudad —no solo los deportivos o artísticos— y extiende el horario de prohibición desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final.
Si se comprueba la participación directa o indirecta de clubes o instituciones en la actividad ilegal, el Gobierno porteño podrá duplicar las multas, que pasarían de 10.000 a 20.000 unidades fijas (aproximadamente entre $10 y $20 millones). Las clausuras preventivas podrán extenderse hasta 90 días, el triple del máximo anterior.
La normativa también obliga al juez interviniente a informar a los infractores sobre los programas de asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Sin embargo, quienes lideren o promuevan la actividad podrán quedar excluidos de esos programas durante dos años.
Entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas prácticas. El diagnóstico que sustenta la reforma sostiene que el fenómeno dejó de ser un mero ofrecimiento informal y que, en muchos casos, involucra presión o intimidación directa sobre los conductores en zonas que funcionan como territorios controlados.
Con informacion de Misiones Online.