Colombia celebró este domingo 31 de mayo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar y definir el rumbo del Poder Ejecutivo para el período 2026-2030. El balotaje definitivo, si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, quedó fijado para el 21 de junio.
De los 11 fórmulas inscriptas, tres concentraron la atención de los sondeos. El senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico y heredero político de la plataforma de Gustavo Petro, encabezó las encuestas previas con una propuesta de profundización de las reformas sociales y la agenda de la llamada «paz total». En segundo lugar aparecía el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con un perfil de outsider de derecha radical y un discurso antisistema que invocó los modelos de Javier Milei y Nayib Bukele. En tercer lugar se ubicó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, respaldada por el aparato uribista y representante del voto de centroderecha institucional.
Las encuestas de firmas como AtlasIntel mostraron un empate técnico entre Cepeda y De la Espriella en la cima, con la incógnita del peso electoral que podría movilizar Valencia a través de su partido.
Eugenie Richard, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, describió el escenario previo al cierre de campaña: «Hay mucha incertidumbre. El campo está abierto. Hay tres candidaturas fuertes. Cepeda y De la Espriella están con un empate técnico, pero no sabemos qué puede pasar con Valencia, que cuenta con el apoyo de un partido tradicional que puede movilizar el voto el domingo. Estamos en un momento de polarización extrema».
La jornada se desarrolló en un clima de tensión en materia de seguridad. El Ministerio de Defensa desplegó 248.000 policías y militares en todo el territorio para custodiar los comicios, en un contexto donde aproximadamente 27.000 hombres en armas —pertenecientes a disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones del narcotráfico— mantienen disputas territoriales en 16 zonas críticas del país. A eso se sumó el impacto del atentado que derivó en la muerte del precandidato derechista Miguel Uribe Turbay en la capital.
Más allá de la seguridad, quien resulte electo deberá afrontar un déficit fiscal del 7% del PBI, una deuda pública que supera el 64% del producto bruto interno y un sistema de salud con dificultades estructurales que afectan el funcionamiento de clínicas y el acceso a medicamentos.
Con informacion de Misiones Online.