Los pequeños productores yerbateros atraviesan un momento crítico desde que el Gobierno nacional avanzó con la desregulación del sector a través del decreto de necesidad y urgencia N°70/2023. La caída en el valor del kilogramo de hoja verde y el debilitamiento institucional del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) son dos de los factores que definen ese escenario.
En ese contexto, concejales de Oberá firmaron una carta en la que manifestaron su acompañamiento a las organizaciones de productores que llevan adelante acciones judiciales contra esa política. Según el texto del comunicado, los legisladores expresaron su apoyo «a las acciones judiciales promovidas por distintas organizaciones de productores ante la justicia, quienes solicitan una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia N°70/2023 dispuesto por el ejecutivo nacional».
El comunicado también señala la importancia de «que se revea esta situación en pos de garantizar las condiciones de los trabajadores y familias que dependen de la actividad», entendiendo que lo que se busca con esas presentaciones judiciales es «reestablecer condiciones de equidad y sustentabilidad».
En línea con ese planteo, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, había cuestionado previamente la desregulación nacional en el sector y ratificado el pedido de renuncia al presidente del INYM, a quien según Sand le atribuyó que «profundiza el daño de esas políticas».
Por último, los concejales estimaron como «necesario que el Poder Judicial analice la cuestión con total consideración de su trascendencia institucional y colectiva».