Lo que comenzó como una polémica patrimonial en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, derivó en una disputa política de mayor escala que amenaza con dominar la semana parlamentaria. La oposición articula una ofensiva en el Congreso para exigirle explicaciones al funcionario, y el oficialismo hace esfuerzos para neutralizarla.
El trasfondo del conflicto son los activos no declarados que se le atribuyen a Adorni, estimados en el equivalente a 500 mil dólares, y el llamado capítulo del «pendrive», que reavivó los cuestionamientos de distintos bloques.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había anticipado a los jefes parlamentarios la intención de sesionar el miércoles 24 de junio con temas como el acuerdo con los fondos buitre y el Súper RIGI. La oposición, sin embargo, pidió una sesión para el martes 23 con el objetivo de tratar la interpelación y una posible moción de censura contra Adorni.
La jugada opositora reúne a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y legisladores del MID, según fuentes parlamentarias. La incógnita, como en otras votaciones clave, sigue siendo el posicionamiento del PRO y los bloques dialoguistas.
Hasta hace pocos días, sectores del PRO habían dejado trascender la posibilidad de dar quórum para una interpelación, aunque no necesariamente acompañar una moción de censura. Con el correr de las horas esa postura se moderó. Desde la bancada amarilla respondieron que el tema «no lo tenemos decidido aún», en un bloque donde conviven quienes quieren marcar distancia del Gobierno y quienes prefieren no escalar una crisis que podría favorecer a la oposición peronista.
El antecedente más cercano no es menor para el oficialismo: un intento anterior de llevar a Adorni al recinto se cayó por falta de apoyos y terminó con la suspensión de una convocatoria prevista para el 14 de mayo. Esta vez, el clima político aparece como más adverso para el Gobierno.
En el Senado, la senadora Carolina Moisés, titular del bloque Convicción Federal, marcó el tono de la ofensiva opositora. «O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros», advirtió, al reclamar que el Poder Ejecutivo tome una decisión sobre la continuidad del funcionario.
Moisés recordó que el artículo 101 de la Constitución, incorporado en la reforma de 1994, prevé los mecanismos de interpelación y censura al jefe de Gabinete, aunque señaló que nunca fueron aplicados en la práctica. «Como nunca se utilizó tampoco se reglamentó, entonces tenemos que ser cuidadosos con la puerta que estamos abriendo para futuros procesos», sostuvo. Sobre los votos para la primera etapa, afirmó que «para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos».
El Gobierno, por su parte, buscó instalar la posición de que tanto la interpelación como la moción de censura requieren dos tercios de los votos cuando los proyectos llegan al recinto sin dictamen, una exigencia considerablemente más difícil de alcanzar para la oposición.
Dentro del propio PRO también surgieron voces críticas. El legislador porteño Darío Nieto cuestionó abiertamente la versión de Adorni sobre su patrimonio en criptomonedas. «No le creo», afirmó, y señaló que la explicación resulta difícil de sostener desde el punto de vista técnico, ya que las operaciones con Bitcoin quedan registradas en la blockchain. Nieto también apuntó contra las sucesivas explicaciones del funcionario: «El mayor problema es que toma de boludos a los argentinos. No es que mintió una vez, mintió varias veces. Primero dijo que estaba todo en regla, después en el Congreso dijo lo mismo y luego aparece otra explicación distinta».
Para el Gobierno, el riesgo es doble. Por un lado, defender a un funcionario cuestionado puede consumir energía política que pretendía destinarse a sus proyectos prioritarios. Por otro, remover a Adorni podría ser leído como una concesión frente a la presión opositora. Mientras tanto, la Casa Rosada busca ganar tiempo a través de negociaciones con bloques aliados, con el objetivo de impedir que la oposición consiga el quórum necesario para imponer el tema en el recinto.
Con informacion de Primera Edicion.