El conflicto en torno al lote 78 del paraje Cañafístula, en Garuhapé, sigue su curso en la Justicia, pero el Gobierno de Misiones decidió intervenir antes de que la situación derive en un desalojo. La ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, confirmó que se convocará a una mesa de diálogo con todas las partes involucradas.
En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, Aguirre precisó que el predio en disputa no es el lugar donde están asentadas las viviendas de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, sino un sector ubicado a unos 12 kilómetros, relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como parte del territorio de uso tradicional de esa comunidad.
«La situación en Garuhapé es en Puente Quemado, en Cañafístula, el lote 78, en donde existe un conflicto entre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II y un particular que es el propietario titular registral de ese lote», explicó la funcionaria.
Sobre el desalojo que la Justicia ordenó en un primer momento y luego dejó sin efecto, Aguirre aclaró: «El desalojo que ordenó en su momento la Justicia, que luego dio marcha atrás, no ha sido sobre la comunidad o donde viven las familias de Puente Quemado II».
La ministra indicó que la ocupación comenzó con alrededor de seis personas y que con el tiempo se fue ampliando. «Esa ocupación de un grupo de más o menos seis personas en un principio, hoy por hoy ha aumentado su número bastante, sobre todo porque hay otros caciques y otras comunidades que van acompañando también el reclamo», señaló. Del otro lado, según agregó, colonos de la zona acompañan al propietario, quien presentó una denuncia por usurpación que tramita en la Justicia.
Frente a ese escenario de tensión sostenida, el Gobierno provincial asumió un rol de mediador. «Nosotros mañana tenemos la mesa de diálogo con relación a esta comunidad Puente Quemado II. Será una mesa en donde nos sentaremos todas las partes interesadas», anticipó Aguirre.
La funcionaria subrayó que el objetivo es preservar la paz social en Garuhapé, localidad que según describió lleva varias semanas convulsionada. «La Provincia por sobre todo tiene interés en que se mantenga la paz social. Garuhapé está convulsionado hace muchas semanas, entonces también desde el Gobierno de la provincia tenemos que llevar tranquilidad a toda la sociedad», afirmó.
Aguirre fue clara respecto del alcance de la mediación: «No exigimos que ninguna de las partes haga algo contra su voluntad. Todo lo contrario, intentamos que el diálogo genere puntos en común, puntos de acuerdo y que ambas partes se vayan satisfechas de esa mesa de diálogo».
La ministra reconoció la complejidad del caso, donde colisionan distintos marcos normativos. «Hay una contraposición de normas. Esa norma positiva que nos da seguridad jurídica también a todos los que vivimos en este país se contrapone con otra norma que es de carácter de derechos humanos, de carácter constitucional, como lo es el territorio que los pueblos originarios están habitando», sostuvo.
Un elemento adicional de preocupación para el Gobierno provincial es el nuevo escenario nacional. Aguirre recordó que la Ley 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas mientras se realizaban relevamientos territoriales, fue prorrogada en reiteradas oportunidades durante dos décadas, aunque nunca resolvió los casos con propietarios privados involucrados.
Sin embargo, advirtió que la derogación del decreto de prórroga mediante un DNU del Gobierno nacional dejó a las comunidades sin esa protección. «Al derogarse el decreto de prórroga con otro decreto que es un DNU del Gobierno nacional, lo que hace es dejar sin esta garantía que tenían las comunidades, que era la de no desalojo», afirmó. En ese contexto, trazó un paralelo con lo ocurrido recientemente en Jujuy y reiteró que Misiones intentará que el caso de Puente Quemado II no llegue a esa instancia.
Más allá del conflicto puntual, Aguirre ofreció un panorama de la situación territorial de las comunidades mbya guaraníes en la provincia. De las 141 comunidades que existen en Misiones, 100 cuentan con título de propiedad sobre las tierras que habitan. El principal obstáculo se presenta cuando los asentamientos se encuentran en terrenos privados, ya que el Estado no puede obligar a un particular a vender.
La ministra también señaló que la demanda de asistencia por parte de las comunidades originarias creció en los últimos tiempos, al tiempo que cuestionó el retiro del Estado nacional de las políticas destinadas a pueblos indígenas. «La Nación se retiró totalmente de lo que es este tipo de políticas», afirmó, y destacó que Misiones sostiene programas de educación intercultural bilingüe, salud indígena y acceso a recursos para estas comunidades.
Con informacion de Primera Edicion.