El Poder Ejecutivo nacional remitió al Senado un proyecto de ley para regular las apuestas online y abordar la ludopatía, con eje central en impedir que menores de edad accedan a plataformas digitales de juego. La propuesta deberá pasar por las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, que encabezan las senadoras libertarias Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.
El envío reactiva un debate que lleva más de un año en el Congreso. En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados había aprobado por 139 votos una iniciativa impulsada por bloques opositores que proponía controles más estrictos y la prohibición casi total de publicidad vinculada a los juegos de azar. La Libertad Avanza votó en contra de aquel texto, mientras que el PRO, la UCR y el MID se abstuvieron. Ya en 2025, el tema fue analizado en comisión en el Senado pero nunca llegó a dictamen por diferencias internas entre sectores de la oposición.
El punto de mayor controversia en la nueva propuesta oficial es precisamente el tratamiento de la publicidad. A diferencia del proyecto de Diputados, el texto del Ejecutivo no prohíbe la publicidad del sector sino que la regula: permite la difusión de operadores habilitados, pero veda las campañas dirigidas a menores y aquellas que asocien el juego con el éxito social, laboral o personal. Tampoco podrán incentivar el consumo de alcohol o tabaco durante las apuestas. Los medios y plataformas digitales deberán verificar que los anunciantes cuenten con autorización oficial.
Entre los otros aspectos de la iniciativa se incluyen campañas de concientización sobre el juego patológico, la elaboración de estadísticas e informes epidemiológicos para monitorear la problemática y detectar poblaciones vulnerables, y un esquema de coordinación entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para fijar criterios comunes sobre la promoción de juegos de azar online.
En materia penal, el proyecto establece penas de entre tres y seis años de prisión para quienes operen plataformas de apuestas clandestinas sin autorización. Además, prevé condenas de dos a cuatro años para quienes faciliten el funcionamiento de esos sitios ilegales a través de servicios financieros, tecnológicos, digitales o publicitarios, aun conociendo la falta de habilitación.
Con informacion de Misiones Online.