El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó esta semana un programa destinado a detectar y bloquear teléfonos celulares usados de manera irregular dentro de establecimientos penitenciarios provinciales. La Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial el martes 25 de agosto, entró en vigor desde ese mismo día.
El sistema ya venía aplicándose en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. La novedad es que ahora se abre formalmente la posibilidad de extenderlo a los penales que dependen de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, la adhesión no es obligatoria. Cada jurisdicción deberá decidir si se incorpora al programa mediante la firma de un convenio con la Nación. La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de coordinar esa implementación y de suscribir los acuerdos correspondientes.
El mecanismo apunta a identificar dispositivos concretos dentro de las zonas restringidas de los penales y bloquear los datos que permiten su conexión a la red. A diferencia de los inhibidores de señal tradicionales, no elimina indiscriminadamente la cobertura en el entorno de la cárcel, sino que actúa sobre identificadores específicos del equipo o la SIM.
Puntualmente, el bloqueo puede recaer sobre el IMEI del aparato, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada. Esto permite inhabilitar tanto el dispositivo como la identidad de red utilizada para conectarse.
El procedimiento prevé que las provincias que adhieran detecten los equipos irregulares en sus unidades y remitan esa información al Ministerio de Seguridad, que actuará como intermediario ante las empresas de telefonía para gestionar los bloqueos. La resolución también exige que las prestadoras conserven registros de cada intervención.
El objetivo declarado de la medida es impedir que celulares ingresados clandestinamente sirvan para mantener comunicaciones no autorizadas o coordinar actividades ilícitas desde el interior de los penales.
La normativa aclara que el programa no afecta el derecho de los internos a mantener contacto con familiares, abogados u otras personas habilitadas, conforme lo establece la Ley 24.660. Las comunicaciones autorizadas deberán canalizarse por los mecanismos que fije cada servicio penitenciario.
Con la resolución vigente, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires quedaron en condiciones de solicitar su incorporación. La implementación, en consecuencia, será gradual y dependerá de las decisiones que adopte cada gobierno.
Con informacion de Primera Edicion.