El Gobierno de Javier Milei dispuso una reestructuración del Presupuesto 2026 mediante el DNU 867/2026, que redirige recursos hacia áreas de Defensa, Inteligencia, Justicia y desarrollo tecnológico, y reduce partidas destinadas a las provincias y a programas de asistencia social dentro de la Administración Pública Nacional.
Según los considerandos del decreto, la medida responde a la necesidad de una adecuación presupuestaria urgente, ya que de no concretarse «peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional». El Ejecutivo también justificó el uso del DNU al señalar que «la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», e informó la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
El sector de Defensa es uno de los principales destinatarios de los fondos reasignados. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas recibirán en conjunto más de $217.000 millones, canalizados como adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo con financiamiento del Tesoro. El Ministerio de Defensa concentra $114.732,8 millones; el Ejército suma $60.429,4 millones; la Fuerza Aérea incorpora $31.211,1 millones; y la Armada recibe $8.115,5 millones, dentro de los cuales figura una partida de $50,75 millones para «gastos reservados».
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) también recibe un refuerzo significativo: $30.518,9 millones adicionales para su programa de «Información e Inteligencia», de los cuales $19.613,9 millones están destinados a la compra de maquinaria y equipos informáticos y de oficina.
Otros organismos con incrementos destacados son el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con $120.081,3 millones, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con $119.289,5 millones orientados al desarrollo de misiones satelitales y el diseño de cuatro satélites SARE II A.
El Poder Judicial obtiene un refuerzo de $111.210,3 millones, de los cuales $100.000 millones corresponden a aportes directos del Tesoro para gastos de personal. El Poder Legislativo, por su parte, incrementa sus créditos en $63.810,9 millones, principalmente para retribuciones vinculadas a tareas de formación y sanción de leyes.
Para financiar la redistribución, el Gobierno incorpora $222.911,9 millones provenientes de la venta de activos propios —como edificios e instalaciones públicas— y aplica recortes en partidas centralizadas del Tesoro.
El ajuste más pronunciado se concentra en el programa «Otras Asistencias Financieras», con una reducción global de $288.474,8 millones. Dentro de ese recorte, la asistencia social al personal de la administración pública cae $253.333 millones, mientras que las transferencias corrientes a las provincias bajo el concepto de «Administración Central Provincial» bajan $35.141,7 millones. A esto se suma una reducción de $202.158,3 millones en la partida del Tesoro destinada al incremento de activos financieros a largo plazo.
Con informacion de Primera Edicion.