Las últimas semanas dejaron en evidencia las líneas centrales sobre las que el Movimiento por lo que Viene intenta construir su perfil político. El espacio logró distanciarse del liderazgo de Carlos Rovira, pero ahora enfrenta un desafío de mayor envergadura: darle forma a un proyecto propio capaz de recuperar la confianza de una sociedad desencantada y generar expectativas en el sector privado.
Los cambios más concretos se dieron en materia fiscal. La suspensión de la llamada «aduana paralela» para todas las empresas y del cobro anticipado de Ingresos Brutos para las Pymes —que representan más del 95% del padrón de empresas activas— marca una voluntad clara de corrección. En la misma dirección se inscribe la eliminación de retenciones de IIBB sobre transferencias en billeteras virtuales y cuentas bancarias por montos que no superen los 2.181.404 pesos mensuales.
Ese esquema tributario fue diseñado hace más de dos décadas por el entonces director de Rentas, Miguel Thomas, y el exgobernador Rovira, con el objetivo de sanear las cuentas provinciales tras el endeudamiento de la gestión de Ramón Puerta y el colapso de 2001. Fue efectivo para eliminar el déficit, pero se extendió demasiado en el tiempo y terminó operando como un freno para la actividad privada.
La exposición judicial de la provincia en este terreno quedó en evidencia esta semana, cuando la Corte Suprema emitió dos fallos: uno que hace lugar a un reclamo de la yerbatera correntina Las Marías, que sostiene que Misiones le cobró por adelantado el equivalente a 307 años de IIBB, y otro a favor de la perfumista Cannon Puntana SA, que denunció retenciones y percepciones sobre operaciones realizadas fuera del territorio provincial.
Durante más de 23 años, la política fiscal fue un tema vedado bajo la conducción de Rovira. Los representantes del empresariado sabían que plantear el asunto en mesas de diálogo podía cerrar directamente la conversación. Por eso, la decisión de Passalacqua de modificar ese esquema tiene un peso político considerable: tocó algo que su antecesor consideraba intocable, lo hizo mientras ese liderazgo aún conservaba vigencia, y asumió un costo fiscal en un contexto de caída en la recaudación propia y en la coparticipación.
Esa restricción económica es la que limita la velocidad y la profundidad de los cambios. Por ahora, las medidas ofrecen un alivio necesario a pymes, microempresas y cuentapropistas, pero resultan insuficientes para crear las condiciones que requieren las grandes inversiones privadas, como las que sí está captando el sector forestoindustrial de Corrientes.
En paralelo, el gobierno provincial avanza en una revisión del gasto. La decisión de revisar el contrato con la aplicación de telemedicina Alegramed y suspender las compras a la empaquetadora de bioinsumos Agro Sustentable apuntan en ese sentido. Se trata de dos empresas vinculadas al entorno de Rovira que, según el gobierno actual, cobraban fondos del Estado a cambio de servicios o productos de calidad y utilidad cuestionables.
Para reemplazar a Alegramed se trabaja en un desarrollo local de menor costo. Y para sostener la política de transición hacia los bioinsumos, se apelará a la Biofábrica, que cuenta con desarrollos científicos propios certificados por los organismos competentes.
En ese contexto se inscribe otra novedad de la semana: el bloque del Movimiento Misionero presentó un proyecto para derogar la prohibición del uso de glifosato en la provincia. La iniciativa busca proteger a los productores ante una medida que, en la práctica, resultaba inaplicable: no existe en el mundo un bioinsumo certificado que cumpla la función de herbicida de amplio espectro. El producto que ofrecía Agro Sustentable bajo el nombre comercial Bioherb carecía de certificación y no pudo demostrar eficacia como controlador de malezas. Mantener la prohibición equivalía a empujar a los productores a la informalidad y poner en riesgo a los exportadores por pérdida de mercados.
En términos ideológicos, el Movimiento de Passalacqua se mantiene dentro de una tradición que no reniega del rol activo del Estado, tanto como proveedor de servicios esenciales como agente dinamizador de la economía. Eso lo diferencia del gobierno nacional, que según este análisis aplica la intervención estatal para beneficiar a grandes inversores a través del RIGI o para contener salarios vía paritarias, pero apela al mercado como solución cuando se trata de proteger a los sectores medios y bajos.
El problema del sobreendeudamiento es un ejemplo concreto de esa divergencia. Según datos oficiales de junio, hay en Argentina más de 4,8 millones de personas en situación de mora; más de 142 mil de ellas son misioneras. El gobierno provincial intervino: fijó un tope del 39% de los haberes netos para el cobro de cuotas de créditos a empleados y jubilados de la administración pública otorgados mediante códigos de descuento, y avanzó junto a las entidades en un esquema de refinanciación para quienes superaban ese límite.
«Nos encontramos con personas que tenían tal nivel de endeudamiento que ya no podían refinanciar tanto sus deudas, entonces ahí se creó este programa donde del Estado provincial salimos con una asistencia financiera junto con estas entidades a costo cero», explicó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.
Para septiembre se prevé una resolución que pondrá un techo a las tasas que pueden aplicar las entidades que descuenten cuotas directamente de los sueldos de sus clientes.
Bajo esa misma lógica de intervención estatal orientada a dinamizar la economía se enmarcan los programas Ahora Misiones, los créditos a tasa subsidiada para la cosecha y el proyecto para reducir el IVA a la fécula de mandioca.
Con informacion de Misiones Online.