El obispo de la Diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, recibió a representantes del sector yerbatero misionero y se pronunció a favor de la declaración de emergencia sectorial. En el encuentro se analizó el impacto de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sobre pequeños productores y tareferos de la provincia.
El prelado señaló que la realidad agraria de Misiones es distinta a la de otras regiones del país, marcada por miles de minifundistas y trabajadores rurales de bajos ingresos. «Todo proyecto económico si no incluye a la gente no nos sirve para nada», afirmó, y trazó una distinción entre ese universo productivo y el de los grandes terratenientes: «Nuestra realidad en Misiones hace que tengamos miles de pequeños productores y tareferos que son todos pobres en realidad, es otra cosa cuando uno va a la Sociedad Rural y escucha por ahí a grandes terratenientes».
Martínez también describió cómo la caída de ingresos en las chacras se derrama sobre la economía de los pueblos del interior. «Comentaban las consecuencias que traen en nuestros pueblos porque que todos estén deprimidos económicamente y socialmente hace que por ahí no funcione un supermercado, no funcionen comercios», remarcó.
Entre las consecuencias más preocupantes que mencionó el obispo figura la migración transfronteriza de tareferos: «Hoy muchos no pueden sobrevivir y se cruzan al lado brasileño». Y advirtió que la situación puede empeorar cuando concluya la cosecha: «Dentro de poco termina también la etapa de la cosecha y después vienen problemas peores». La Comisión de Justicia y Paz de la diócesis ya analiza la posibilidad de convocar a una mesa de emergencia sectorial.
Sobre el rumbo económico del gobierno nacional, el obispo sostuvo que el equilibrio fiscal no puede medirse sin considerar la inclusión social: «Queremos estabilidad, pero en una situación en que esos números se logren con la gente. Sin la gente, con números que vayan cerrando en lo macro pero que la pobreza y las situaciones sociales estén muy mal, eso nos daña profundamente». Y convocó a los trabajadores rurales a organizarse: «En estos momentos difíciles es clave juntarse y organizarse».
La delegación productiva estuvo encabezada por Hugo Sand, referente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), quien calificó la situación del precio de la hoja verde como un «problema humanitario». Sand apuntó contra la pérdida de potestades regulatorias del INYM tras las medidas de desregulación del Poder Ejecutivo Nacional: «Jamás de los jamases ellos van a competir entre sí para mejorar los precios. Se ponen de acuerdo para bajar los precios. Y esa unión que hacen los industriales para bajar los precios repercute luego en la miseria que hay en el interior».
Según los cálculos presentados por APAM, la desregulación habría significado una transferencia masiva de recursos en perjuicio de los productores primarios: «Hemos dejado de percibir 200.000 millones de pesos por año, desde que asumió Milei, cuando desreguló el Instituto Nacional de la Yerba Mate por esta política totalmente errónea y nefasta hacia nuestro sector», denunció Sand.
El dirigente precisó además la brecha entre los valores actuales de liquidación y los que correspondería pagar: «El precio hoy debería ser arriba de 700 pesos el kilo de hoja verde, si lo fijamos a 50 centavos de dólar como siempre venimos haciendo desde el INYM. Pero si lo ajustamos por inflación, supera los 1.100 pesos, y estamos cobrando 230 a 280».
Ante este cuadro, el sector adelantó que presentará ante el gobernador Hugo Passalacqua un proyecto de ley de emergencia yerbatera que contemple la reinstauración de un precio mínimo sostenido desde el ámbito provincial.
Con informacion de AgroMisiones.