Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados firmaron el dictamen favorable para el proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal. La clave para destrabar las firmas de los bloques aliados fue la incorporación de dos artículos que excluyen explícitamente a los funcionarios públicos de los beneficios de la norma.
El plenario fue conducido de manera conjunta por los diputados Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. El texto acordado modifica la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley del Registro del Trabajo Rural, y se debatirá en el recinto el próximo 26 de agosto junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El debate estuvo atravesado por el antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, quienes adhirieron al régimen simplificado mientras enfrentaban una investigación judicial, lo que generó resistencias entre los socios parlamentarios del oficialismo.
Los artículos incorporados establecen que la prohibición alcanza a secretarios de Estado, legisladores, magistrados, defensores del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura que hayan ejercido esos cargos en los cinco años previos a la adhesión. Además, aclaran que estos sujetos solo podrán usar el sistema para presentar la declaración jurada de Ganancias, sin acceder a ningún tipo de inmunidad tributaria.
Durante el plenario, Rodríguez Machado defendió la modificación: «Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante». La legisladora también señaló: «No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable».
Más allá de la discusión política, el proyecto introduce cambios concretos para pequeños contribuyentes y el sector productivo. El dictamen incorpora una reducción permanente del 25% en las multas formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, beneficio que operará de pleno derecho sin necesidad de trámites adicionales.
También mantiene una quita del 50% para infracciones anteriores que no estén firmes, siempre que el contribuyente subsane el incumplimiento y se allane. A su vez, fija criterios objetivos para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no pueda rechazar declaraciones simplificadas de forma arbitraria, limitando las fiscalizaciones a casos con discrepancias superiores al 15% del impuesto determinado.
Rodríguez Machado resumió el espíritu de la reforma: «Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen». Y agregó: «Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día».
El texto también elimina los límites patrimoniales y de ingresos que imponía la versión original, que exigía no superar ingresos anuales de $1.000 millones ni un patrimonio de $10.000 millones. Con la reforma, el sistema quedará abierto para todas las personas humanas, con excepción de los catalogados como Grandes Contribuyentes Nacionales.
Con informacion de Misiones Online.