El pasado 26 de agosto, Maximiliano Galli, asesor del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, expuso ante las Comisiones de Hacienda, Ambiente y Legislación General del Senado de la Nación, en el marco del debate sobre un proyecto de ley para el desarrollo del mercado de carbono en Argentina.
En esa ocasión, Galli detalló que Misiones logró certificar más de 10 millones de créditos de carbono bajo el escenario 2 de la metodología jurisdiccional JNR del estándar VERRA, el principal del mundo en la materia. Se trata de un programa REDD+ de escala jurisdiccional que permite la anidación de proyectos privados, sin excluirlos ni limitarlos, requiriendo únicamente que compartan los mismos datos y reporten las reducciones que certifiquen.
Con la venta del primer lote de créditos —correspondiente al período 2017-2022—, la provincia podría obtener ingresos superiores a los US$100 millones. Para dimensionar esa cifra, Galli señaló que al tipo de cambio actual equivale a ocho veces el presupuesto nacional asignado para 2026 en cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos (Ley 26.331) para todo el país.
El programa fue auditado durante dos años por la empresa española AENOR y obtuvo una calificación de A-AA, lo que lo ubica entre los 50 mejores de más de 20.000 proyectos evaluados a nivel mundial. La adicionalidad del programa queda acreditada cuando el Gobierno de Misiones demuestra ante VERRA que, a través de sus políticas, logró reducir la tasa de deforestación respecto de una línea de referencia, generando así una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a los créditos certificados.
A diferencia de otras metodologías, este programa no interviene sobre parcelas individuales, por lo que no requiere el consentimiento de cada propietario de bosque nativo. La titularidad de los créditos recae en quien registró el proyecto ante VERRA: en este caso, la Provincia de Misiones, identificada con el ID 4648 en el registro de esa organización.
Mediante el Decreto 2179/24, el Poder Ejecutivo provincial estableció que el programa respeta los derechos de los propietarios de bosques nativos, quienes pueden desarrollar sus propios proyectos de reducción de emisiones, excluirse del mecanismo de distribución de beneficios o no pronunciarse. Hasta ahora, solo 10 propietarios —con 32 parcelas— optaron por excluirse, lo que representa el 0,3% del territorio provincial con bosque nativo.
Los fondos provenientes de la venta de créditos se canalizan a través de un fideicomiso regulado por el Banco Central de la República Argentina, distribuidos en tres cuentas. El 30% se destina a los propietarios de bosques nativos, con una fórmula que pondera la clasificación del ordenamiento territorial, la ubicación en corredores biológicos, el tamaño de la parcela y su condición como reserva privada. Ese porcentaje supera lo que distribuyeron programas similares en los estados brasileños de Acre y Tocantins.
Un 40% financia actividades de la estrategia REDD+ de la provincia, incluyendo equipamiento para municipios con manejo forestal legal, mejoras en redes eléctricas, provisión de agua potable y conectividad en comunidades que demuestren compromiso con el control de la deforestación. El 30% restante se destina a proyectos de economía circular, energías renovables, ecoturismo, apoyo a comunidades de pueblos originarios, certificación de producción libre de deforestación y formación de docentes y profesionales en finanzas climáticas, entre otros.
Galli destacó que la mayor contribución de Misiones al desarrollo del mercado de carbono en Argentina fue sostener durante cinco años un programa que certificó la mayor cantidad de créditos reconocidos por el principal estándar mundial, siendo el primero de sus características a nivel global y trazando un camino para otras provincias del país y de la región.
Más información sobre el programa está disponible en https://programajnr.misiones.gob.ar/es/home
Con informacion de Misiones Online.