Falta un año para las elecciones generales, pero gran parte de la dirigencia política argentina ya tiene la cabeza en 2027. Se especula con nombres, se arman alianzas y se ensayan candidaturas, todo mientras la inflación sigue pesando, el consumo no termina de recuperarse y la incertidumbre económica condiciona el humor de la sociedad.
Misiones parece moverse en otro registro. No porque ignore el calendario —nadie en política lo hace— sino porque, al menos en lo visible, la prioridad sigue siendo la gestión cotidiana. La semana que pasó dejó varios ejemplos: en Almafuerte entró en funcionamiento una nueva perforación de agua que termina con años de dependencia de camiones cisterna; en Puerto Iguazú se entregaron títulos de propiedad; se eliminó el cobro anticipado de Ingresos Brutos para el 95 por ciento de quienes ingresan mercadería a la provincia; se lanzaron créditos para marcas misioneras premiadas en el Mundial de la Yerba Mate; y se extendió nuevamente la refinanciación de deudas para trabajadores activos y jubilados.
Ninguna de esas medidas, tomada en forma aislada, transforma una provincia. Pero en conjunto muestran un estilo: resolver problemas concretos, aunque sean menos vistosos que una pelea televisiva.
Ese perfil tiene nombre propio. Hugo Passalacqua nunca fue de los grandes anuncios ni de las frases diseñadas para viralizarse. Su manera de hacer política pasa por recorrer municipios, escuchar intendentes, aparecer en obras, escuelas u hospitales antes que en el centro de una polémica. No gobierna desde las redes sociales. Gobierna desde la ruta.
Eso no significa que el 2027 no exista en las conversaciones del oficialismo provincial. Existe, y nadie lo niega. Pero hay una diferencia entre prepararse para una elección y vivir exclusivamente pensando en ella. Las voces que mencionan una eventual candidatura de Passalacqua no salen del propio gobernador, sino de intendentes, dirigentes y vecinos que observan una gestión que logró mantener estabilidad en uno de los contextos económicos más difíciles de los últimos años.
El contraste se hizo visible el sábado, cuando Karina Milei llegó a Posadas para encabezar una capacitación partidaria de La Libertad Avanza, en el marco del lanzamiento de una escuela de formación política libertaria. La actividad en sí no tiene nada de extraordinario: los partidos recorren el territorio y fortalecen sus estructuras. Lo que llamó la atención fue lo que ocurrió afuera del hotel.
Mientras adentro se hablaba de organización y estrategia electoral, en la vereda había familias vinculadas a la discapacidad, vecinos y manifestantes que fueron a reclamar por las consecuencias concretas de las políticas del Gobierno nacional. No fueron a discutir cargos ni candidaturas, sino a señalar que hay decisiones que les cambiaron la vida.
La respuesta fue un vallado policial. Una imagen que, según se observa, empieza a repetirse.
El dato tiene un peso simbólico particular viniendo de un espacio político que construyó su identidad cuestionando los privilegios y las distancias de la dirigencia tradicional. La misma fuerza que prometía mezclarse con la gente necesita cada vez más dispositivos para encontrarse con ella.
Karina Milei no ocupa un lugar cualquiera dentro de ese esquema. Sin haber sido elegida por el voto popular, concentra una influencia poco habitual para el cargo de secretaria general de la Presidencia: define candidaturas, organiza el partido, interviene en las provincias y participa de las principales decisiones políticas del Gobierno. Su presencia en Misiones no fue, entonces, solo una actividad partidaria: fue la llegada de quien administra el poder real dentro de La Libertad Avanza.
El problema de fondo, sin embargo, va más allá de los vallados. Mientras la economía sigue golpeando a trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeños productores, y mientras miles de familias esperan respuestas sobre medicamentos, pensiones o prestaciones para personas con discapacidad, la energía del oficialismo nacional aparece orientada a consolidar su estructura partidaria y a señalar enemigos —periodistas, gobernadores, opositores— antes que a reconocer dificultades propias.
La pobreza sigue siendo alta. El consumo, deprimido. Las economías regionales atraviesan dificultades. Las provincias hacen equilibrio para sostener servicios esenciales mientras la Nación reduce su participación. El conflicto con el sistema de discapacidad dejó de ser una discusión política para convertirse en un problema concreto para miles de familias argentinas.
Gobernar no consiste solamente en ganar elecciones. Consiste, sobre todo, en administrar las consecuencias de las decisiones que se toman. Y esas consecuencias hoy están a la vista.